La organización no gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, en un taller ofrecido este miércoles a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, condenó las flagrantes violaciones de derechos humanos de las que son víctimas los militares presos políticos durante su detención e injusto encarcelamiento en Venezuela.
Lilia Camejo, experta en justicia penal militar y directora ejecutiva de esta organización, en el foro al que acudieron destacados comunicadores de los principales medios del país, cuestionó que hoy en día se haya convertido a los tribunales contra terrorismo en un comodín para juzgar a civiles y militares.
Indicó que actualmente 219 oficiales institucionales están privados de libertad por razones políticas. Esta cifra, según Camejo, se divide en 108 oficiales del Ejército, 62 de la Guardia Nacional, 25 de la Aviación y 24 de la Armada.
Por su parte, el también miembro de la directiva de Justicia Venezolana y jurista, Yonathan Mustiola, aseguró que la degradación y expulsión de las Fuerzas Armadas a militares presos por razones políticas en el país, es un hecho inconstitucional.
Denunció además que los militares vinculados con el llamado “golpe azul” cumplieron en octubre del año pasado 100% de la pena impuesta y aún no han salido de prisión.
“En la mayoría de los casos de detenciones de militares presos políticos, hemos registrado violaciones al debido proceso e irrespeto a sus Derechos Humanos”, reiteró Mustiola durante su ponencia.
Añadió que si bien celebran medidas extrajudiciales que permitieron la liberación de presos políticos, reiteró que nunca debieron estar detenidos.
Asimismo Neida Pérez, profesional del derecho y directora de la mencionada ONG, planteó que la lucha por los derechos humanos de los militares detenidos “no ha sido fácil” pero continuarán hasta lograr la libertad de todos los oficiales detenidos.
Agregó que, desde que se realiza un allanamiento sin orden judicial, y “a partir de allí, el proceso es nulo de toda nulidad”.
“La regla en este país debe ser el enjuiciamiento en libertad, la excepción es la detención. Desafortunadamente en Venezuela, esto está invertido”, sentenció la defensora de los DDHH.
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