Expertos en negociación, aseguran que las sanciones internacionales y la crisis financiera para ejecutar políticas públicas de envergadura en Venezuela continúan afectando al gobierno de Nicolás Maduro, al punto de considerar que las negociaciones en México podrían ser retomadas con la mediación del Reino de Noruega. Pero advierten que la oposición democrática esta vez deberá impulsar una estrategia clara para exigir elecciones presidenciales y parlamentarias libres, pero logrando antes un cambio de las autoridades de los Poderes Públicos, que sean autónomas al control del Ejecutivo nacional.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
«Creo que en las primeras de cambio la oposición tendría que comenzar aclarando si el Gobierno esta vez va a cumplir los acuerdos firmados, de lo contrario no vale la pena seguir conversando. El segundo reto es retomar la institucionalidad del país. La gente no se va a motivar a votar en procesos electorales futuros si se mantiene el mismo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que cuando los resultados son adversos al oficialismo inhabilita y desconoce la voluntad del pueblo», opinó Radamés Graterol, politólogo.
Para Igor Cuotto, especialista en negociaciones y resolución de conflictos, el Gobierno irá a negociar con la intención de incluir a nuevos actores políticos de oposición que ganaron algunas alcaldías en el país y que son adversos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y por esta vía buscará seguir ganando tiempo manteniendo a sus adversarios políticos divididos.
«El oficialismo va a imponer un cambio de actores, pero creo que eso no se va a dar, se perderá mucho tiempo en ese debate. Considero que los mediadores tienen que tratar que se respeten las reglas de la negociación y que la oposición debería aprovechar la negociación en México para denunciar lo que pasó en Venezuela en las elecciones regionales y municipales, para demostrar que no fueron comicios democráticos y que la Comunidad Internacional tenga siempre presente el tema Venezuela. La agenda sigue siendo las elecciones presidenciales y legislativas a cambio de un levantamiento de sanciones», explicó Cuotto.
Considera que aunque hay partidos como Fuerza Vecinal que ganaron varias alcaldías en Venezuela y la gobernación de Nueva Esparta, así como dirigentes de la Alianza Democrática que conquistaron el poder público municipal en algunas regiones, la Comunidad Internacional sigue reconociendo sólo a los partidos que lograron avasallantes resultados electorales en las parlamentarias 2015 como una legítima oposición.
«A la Comunidad Internacional hay que volverle a explicar de que si bien es cierto hay diferencias en la oposición venezolana, no todos los actores son realmente de oposición, y no todos los actores que están en contra del G4 están irreconciliablemente dispuestos a negociar. Creo que hay ventanas para negociar con ellos, pero yo creo que la plataforma unitaria debe solicitar una cooperación a la Comunidad Internacional que los ayude, no públicamente sino de forma privada, a ponerse de acuerdo, a limar asperezas», expresó.
«No necesariamente algunos partidos que se hayan presentado en los comicios de noviembre tienen legitimidad para entrar en la política nacional y acudir a México, allí estaban partidos asociados a la Asamblea Nacional y algunos actores invitados como ONG y partidos minoritarios. La incorporación o no de nuevos actores, dependerá de la amplitud o lo que intente tener esta plataforma unitaria en la búsqueda de una representación mucho más amplia de la fuerza de la sociedad, y de cómo se van a coordinar para trabajar en la búsqueda de las soluciones, de la mitigación de la crisis humanitaria, en la reinstitucionalización del país y en el fondo lograr mejores condiciones electorales», apuntó Oswaldo Ramírez, consultor en estrategia y riesgo político.
Juego trancado
El jefe de la Cátedra de Estudios Políticos de la UCV, Nelson Chitty La Roche, argumenta que si por undécima vez el Gobierno y la oposición se sientan a negociar, el pueblo venezolano no deberá hacerse grandes expectativas de que se resuelva el tema humanitario o se adelanten las elecciones presidenciales o parlamentarias.
«La oposición debe llevar un solo argumento a la mesa de negociación, sería el del destrancar el juego consultando al soberano. El Gobierno no cede espacios. ¿Tú ves a Maduro acordando una elección presidencial anticipada?. Él ha dicho que no, que él no va a exponer a una Asamblea Nacional en una nueva elección, sino cuando cumpla su período vencido, y no lo veo a él exponiendo su propio poder», soltó.
Considera que deben plantearse salidas más rápidas a la crisis a través de un referendo revocatorio presidencial en 2022.
«Un mecanismo que le puede elevar el costo político al Gobierno es el referendo. La oposición no debe continuar con el tema del acuerdo de salvación nacional, porque la intención de algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática es personal, mejorar en las encuestas para lanzarse como candidatos presidenciales. Si deciden ese camino vamos a tener a Nicolás Maduro tres años más controlando las instituciones, que pueden decidir la elección del 2024», argumentó.
Pero al respecto, Oswaldo Ramírez, sostiene que para que se dé un revocatorio se debe primero plantear una ruta firme para la recolección de firmas de voluntades ciudadanas que se requieren de acuerdo al reglamento actual. «Aunque el referendo se puede solicitar a partir del 10 de enero, la sociedad civil ni los partidos políticos han definido cómo incentivar a los ciudadanos a participar en este proceso, el Consejo Nacional Electoral tampoco ha hecho público ninguna información. Posibilidad de activarlo siempre va a haber, pero debe ser una agenda compartida por la mayor cantidad de actores que adversan al Gobierno, y eso pareciera que no es la prioridad actual», refirió.
Gobierno en la mira de la CPI
Antonio Ledezma, fundador del partido Alianza Bravo Pueblo, sostiene que la necesidad del gobierno venezolano de volverse a sentar en la mesa de negociación con la oposición en México es para que le levanten las sanciones e impedir una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
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