En los tres años de existencia que tiene, la ANC ha hecho todo menos redactar una nueva constitución para Venezuela: designar autoridades, intervenir en elecciones, crear leyes y, en general, tomar como suyas las atribuciones de la AN que controla la oposición democrática.
Héctor Antolínez | Crónica Uno
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa el 30 de julio de 2017 e instalada el 4 de agosto siguiente, cumplió tres años desde que fuese planteada como la alternativa por Nicolás Maduro no solo para crear una nueva Constitución, sino también para “garantizar la paz” en el territorio nacional, metas que aún no se han alcanzado.
Desde su génesis la ANC fue controversial, no solo por la forma en la que fue convocada por Maduro, que según algunos juristas iba en contra de la Constitución de 1999, sino también por las declaraciones de los voceros de la empresa Smartmatic que señalaron desde Londres que “sin lugar a dudas, en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación”. Sus actuaciones, desde el propio día de su instalación no harían sino aumentar esa controversia.
Un parlamento paralelo
Luego de su instalación formal, el 5 de agosto, la ANC dio muestras de que, para esa institución, la labor de redactar una nueva Constitución —la cual es su única atribución según el artículo 347 de la Carta Magna— sería secundaria. Sus actuaciones se enfocaron en asimilar atribuciones de la Asamblea Nacional (AN) controlada en su mayoría por la oposición democrática de Venezuela.
Luego de designar su junta directiva, presidida en aquel momento por Delcy Rodríguez, la ANC llevó a cabo su primera tarea en funciones y removió de su cargo de forma inconstitucional a Luisa Ortega Díaz, fiscal General de la República, nombrando como reemplazo a Tarek William Saab.
La decisión de remover a Ortega Díaz de su cargo fue vista como un movimiento meramente político dado que la fiscal había roto filas con el chavismo ese año, siendo una de las figuras más prominentes durante las protestas de 2017 al criticar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado a los cuales responsabilizó de algunas de las muertes de civiles que se registraron en aquel momento.
La de Saab no sería la única designación que se haría desde la ANC saltándose a la AN. Para el 23 de octubre de 2018 le entregó el cargo de Contralor General de la República a Elvis Amoroso, y el 21 de noviembre de ese mismo año se hizo lo propio con Alfredo Ruiz, quien pasó a ser el Defensor del Pueblo.
Inmunidad Parlamentaria en la mira
Además de las designaciones, el mismo día que inició sus funciones la ANC tomó como propia otra de las atribuciones de la AN: la de discutir para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados del Parlamento, siendo Germán Ferrer, esposo de Luisa Ortega Díaz, el primero de una larga lista de legisladores que vio vulnerado su derecho constitucional por el binomio ANC-Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Después de la de Ferrer, la siguiente inmunidad “allanada” fue la de Freddy Guevara, diputado que para entonces era el primer vicepresidente de la AN, y a quien vincularon por hechos violentos registrados durante las protestas de ese año. Guevara tuvo que refugiarse en la embajada de Chile en Caracas para evitar su captura.
Pasaría casi un año antes de que la ANC volviera a fijarse en la inmunidad de los diputados opositores, pero finalmente en agosto de 2018 arremetieron contra Juan Requesens y Julio Borges al vincularlos con el supuesto intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro durante un acto en la avenida Bolívar. Borges lograría salir del país para evitar la captura, sin embargo, Requesens fue capturado por organismos de inteligencia y hasta la fecha se encuentra tras las rejas.
Tras la violación de la inmunidad de Requesens y Borges, la ANC se tomó otra pausa antes de volver a atentar contra los diputados de la AN, algo que hicieron el 2 de abril de 2019 cuando violaron la inmunidad del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, argumentando que este había incumplido una medida de prohibición de salida del territorio nacional.
Ahora bien, fue mayo el mes en el que la ANC rompió su propio récord con la persecución a los parlamentarios, esto luego de los hechos de la insurrección de algunos oficiales militares el 30 de abril de 2019.
La primera tanda de diputados perseguidos llegó el 7 de mayo: Simón Calzadilla, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Américo De Grazia, Henry Ramos Allup, y el entonces primer vicepresidente de la AN, Édgar Zambrano. De este grupo solo Zambrano terminaría apresado por las autoridades.
Un día después, la lista se amplió con los diputados Luis Florido, Freddy Superlano, Juan Andrés Mejía y Sergio Vergara, mientras que para el 14 de mayo se incluyó también a Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores.
Para el 12 de agosto, otros cuatro diputados fueron señalados: José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa, estos por presuntamente estar involucrados en crímenes contra la patria.
La última acción en contra de parlamentarios de la AN llegó el 16 de diciembre de 2019, cuando Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli fueron vinculados con un asalto a un cuartel militar del estado Bolívar, algo que los parlamentarios desmintieron en vano.
Dictándole la pauta a un CNE como apendice del Ejecutivo
Amparándose en su supuesto carácter “supraconstitucional”, la ANC también decidió que tenía la potestad para convocar a elecciones en el país, llegando no solo a ordenarle al Consejo Nacional Electoral (CNE) –órgano que se subordinó a la constituyente– que iniciara procesos electorales, sino que inclusive procedió a dictar los lapsos para la realización de comicios.
La primera de las elecciones convocadas por la ANC fueron las elecciones para escoger gobernadores, las cuales se “discutieron” en la sesión del 12 de agosto de 2017 y se convocaron para el 15 de octubre de ese mismo año. El CNE obedeció lo dictado en aquella sesión y los comicios contaron no solo con la participación del chavismo sino también con la oposición democrática.
Las elecciones fueron condenadas por la oposición venezolana que no reconoció los resultados. Esas fueron las últimas elecciones a las que la oposición democrática acudió con todos sus partidos establecidos.
Posterior a esas elecciones, los gobernadores electos tuvieron que juramentarse frente a la ANC, algo que el gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, decidió no hacer. Esto tuvo como consecuencia que la constituyente negara la voluntad del pueblo zuliano y ordenara que se repitieran esos comicios. Esa repetición se llevó a cabo en simultáneo con las segundas elecciones convocadas: las municipales, para escoger alcaldes, que se llevaron a cabo el 10 de diciembre de 2017.
La tercera de las elecciones convocadas por la ANC fue quizá la más importante y la que más ramificaciones tuvo para la crisis política venezolana: las elecciones presidenciales de 2018. Aquellos comicios inicialmente se convocaron durante la sesión del 23 de enero para hacerse el 30 de abril. Sin embargo, con la decisión de hacerlas en simultáneo con las elecciones para Consejos Legislativos de Estado, el CNE las postergó hasta el 20 de mayo de 2018.
Las últimas elecciones que se realizaron bajo la orden de la ANC fueron las correspondientes a los concejos municipales y se convocaron para el 9 de diciembre de ese año, de nuevo, sin el grueso de las fuerzas opositoras y con un amplio triunfo del chavismo.
Un parlamento paralelo que también hace leyes
Apegándose a su figura de parlamento paralelo a la AN, la ANC se ha otorgado la potestad de legislar sobre leyes venezolanas, las cuales ha llamado “leyes constitucionales”. En algunos casos estas legislaciones se han usado con fines políticos, mientras que en otros sirven como mecanismo para pasar por encima de la AN.
Uno de los instrumentos aprobados fue la normativa contra el Odio, el cual, desde que se dio a conocer su existencia, fue condenado por la oposición democrática como una herramienta que sería empleada para la persecución de la población.
Esta normativa establece hasta 20 años de cárcel para ciudadanos que, según las autoridades judiciales, hagan llamados a la violencia política. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de procesamiento contra personas ligadas al Gobierno.
De igual forma, para el 2 de agosto de 2018, la ANC derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios, esto siendo una atribución que le correspondía a la AN. Aquello se hizo para permitir las transacciones de divisas en suelo venezolano y como parte de una política de ajuste económico que adelantó la administración de Nicolás Maduro.
Otras como la Ley de Presupuesto también han pasado por la ANC, contrario a lo que señala la Constitución, que ordena que la misma sea aprobada por la AN. De igual forma, instrumentos como la Ley de Precios Acordados, de Inversión Extranjera, y de Amnistía para presos políticos, también han pasado por la constituyente en detrimento de la función del Parlamento.
Nueva Constitución como el Ratón Pérez, nadie la ha visto
El motivo de existencia de la ANC es único: la redacción de una nueva Constitución. Sin embargo, a tres años de su instalación, esta se mantiene como la gran deuda del órgano controlado a plenitud por el chavismo.
La primera vez que se conoció algún texto en presunta relación con lo que sería una nueva Constitución fue el 13 de septiembre de 2018, cuando el medio zuliano Panorama publicó un supuesto borrador de 411 artículos. No obstante, esta información fue desmentida en las semanas siguientes por voceros del chavismo.
Diosdado Cabello, actual presidente de la ANC, aseguró el 12 de noviembre de 2018 en una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela que, tras año y medio de funcionamiento, la Constituyente no tenía “ningún proyecto de Constitución”.
“No hay ningún proyecto de Constitución. Ideas sí hay, las comisiones están desplegadas en toda Venezuela, pero no existe nada plasmado”, declaró el dirigente.
Ahora bien, para el 8 de enero de 2019, Hernán Escarrá, constituyente y abogado constitucionalista, afirmó a Crónica.Uno que el texto de la nueva Carta Magna se daría a conocer para febrero de ese año. Fue una promesa que nunca se cumplió y hasta la fecha el contenido de esa Constitución sigue siendo una incógnita para la población.
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