De las 35 leyes calificadas como «prioritarias» al inicio de 2021, solo 25 tienen el «ejecútese». Este 5 de enero se instaló el segundo período legislativo de la cuestionada AN electa en diciembre del 2020; de los 277 diputados, apenas 20 se autodefinen como opositores al gobierno de Maduro, pero dieron sus votos en buena parte de los casos para alcanzar la unanimidad.
Al término de su primer año legislativo, el Parlamento de la dictadura con mayoría calificada chavista se ufanó de haber sancionado 38 leyes, aprobar otras 16 en primera discusión y una en segunda; así como haber despachado 81 acuerdos sobre diferentes temas. Quedaron en cuenta 26 proyectos para 2022.
La AN había iniciado el año legislativo anterior con 35 leyes «prioritarias» para el país. Sin embargo, desde marzo de 2021 hasta el presente, pese a haber sido sancionadas en la AN, solo han sido publicadas en Gaceta Oficial 25 leyes, entre ellas la Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, la Ley Orgánica de Reforma del Código Procesal Penal y la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública.
El Parlamento, dirigido por Jorge Rodríguez, Iris Varela y Didalco Bolívar durante el primer año, también pasó el 2021 dando largas a algunos instrumentos que, en principio, tuvieron «urgencia parlamentaria».
Este miércoles 6 de enero, en la instalación del segundo período, la AN madurista ratificó como presidente y primera vicepresidenta a Jorge Rodríguez e Iris Varela, pero Bolívar fue sustituido en la segunda vicepresidencia por la diputada Vanessa Montero, del Movimiento Somos Venezuela, promovido también por el madurismo.
Si algo caracterizó la gestión el año pasado fue la velocidad en la consideración de las leyes que sí convienen a los planes de Miraflores, como el acuerdo con Rusia para el uso del espacio ultraterrestre o la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos. En algunos casos, la sanción se cumplió sin que hubieran transcurrido ni siquiera 24 horas entre la primera discusión y su sanción definitiva.
La bancada de oposición, en buena parte de las materias dio sus votos favorables para despachar los trámites por unanimidad, no obstante que a veces se quejaron públicamente de que no estaban al tanto de lo que los textos considerados contenían o, en otros casos, cuando sí pudieron verlos, sus aportes no fueron tenidos en cuenta. También esta oposición se sumó a la retórica oficial en la denuncia del bloqueo económico, la crítica a la solicitud de sanciones y la injerencia por parte de potencias extranjeras con la anuencia de Juan Guaidó.
El chavismo cayapeó a los pocos diputados que se atrevieron a acusarán al gobierno de Maduro de fallas. Al osado que hablara mucho se le quitó el derecho de palabra por estar «fuera del orden». Ese fue el caso sobre los hechos violentos ocurridos en La Vega, cuyo tema fue discutido a destiempo y, además, sirvió para caldear los ánimos de ambos bandos.
Aunque este no fue el común denominador de las sesiones del 2021. En las intervenciones de los diputados de la oposición en la actual AN, se han escuchado las acusaciones de propiciar un bloqueo contra el país, solicitar sanciones, y facilitar la injerencia por parte de potencias extranjeras, esgrimidos en contra de la parte de la oposición que logró la mayoría en las elecciones de 2015.
Apéndice de Maduro
El Parlamento oficialista, lejos de parecer un poder independiente, sirvió a la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro, quien frecuentemente gira instrucciones al Legislativo en sus intervenciones públicas. La más reciente la dio a escasas horas de instalarse la nueva directiva de 2022.
Nicolás Maduro, ordenó a sus diputados investigar a la AN electa en 2015, que da sustento al gobierno interino de Juan Guaidó, quien todavía es reconocido por varios países como representante del Ejecutivo.