Atención médica, agua potable, aseo en los establecimientos, suministro regular de alimentos y restitución de los procesos judiciales son algunas de las peticiones de los familiares de más de 120 detenidos que se encuentran en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas.
Nota de Prensa
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que este grupo de familiares se comunicó con la organización para relatar las penurias que sufren los reos, quienes sucumben ante la desidia penitenciaria y la falta de interés por parte del Estado.
Eduardo Santiago Lozano, de 21 años de edad, murió el pasado 14 de agosto por desnutrición y neumonía. Así lo confirmó su madre María Florez, quien aseguró que el muchacho tenía cinco meses detenido en el CICPC y en ese tiempo rebajó más de 15 kilos.
“Él era un muchacho delgado, pero no estaba como me lo entregaron. Un hueso forrado de piel, así mismo quedó”, fue la descripción que hizo la afligida madre sobre la contextura física de su hijo, quien en sus últimos días fue aislado por su agravado estado de salud ya no le permitía caminar.
“Dos semanas antes de que muriera me dejaron acercarme a esa celda y Eduardo me pedía que lo sacara de allí. Ya no caminaba y su brazo medía tres dedos de grosor, se los medí”, dijo la señora María, quien además explicó que el jueves 13 de agosto, un día antes de su muerte, lo trasladaron hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, porque el médico del CICPC emitió la orden “antes de que muriera en los calabozos”.
Asimismo, la madre manifestó que siempre le llevaba la comida a su hijo, a pesar de no tener los recursos suficientes para garantizar las proteínas recomendadas en la ingesta diaria. “Así fuera arroz o pasta, pero lo llevaba”, sentenció la mujer, quien sospecha que los alimentos no eran entregados al joven.
En otro orden de ideas, María Florez denunció que acudió a los tribunales para solicitar una orden de evaluación médica, pero nunca fue atendida porque el trámite debía ser realizado por un abogado. También clamó por ayuda en la Defensoría del Pueblo, pero “solo me anotaron en un cuaderno y nunca fueron, el día que hospitalizaron a mi hijo acudí nuevamente para ver si lo veían en el hospital y una vez más me anotaron en el cuaderno”, finalizó.
Sin agua y hacinados
La directora del OVP manifestó que, según las denuncias recibidas por su equipo, la sede del CICPC de Puerto Ayacucho alberga a 65 presos en una celda que está dividida por una reja; mientras en el CONAS son al menos 46 los presos que conviven en lo que anteriormente era un baño de un preescolar.
Por su parte, en un destacamento de la GNB conocido como El Muelle hay 19 detenidos en una habitación oscura, cuya única ventilación es la puerta principal.
“La situación es similar en todos los calabozos del territorio nacional, aunado al hacinamiento que es crítico en clara violación a los derechos humanos de los privados de libertad. Son centros de detención preventiva, no son cárceles y estas personas no deben permanecer recluidas allí durante más de 48 horas”, recordó Girón.
En el caso del CICPC, los familiares relataron que deben llevar agua potable en bolsas plásticas porque no permiten el ingreso de envases plásticos. Cuando no hay agua en las instalaciones, los reos se ven obligados a consumir el líquido que emana de la tubería de un aire acondicionado, así como también algunos tienen que dormir de pie porque no hay suficiente espacio.
Mientras tanto, los 46 detenidos del CONAS no tienen acceso a baños, por lo que sus familiares reciben sus heces en bolsas plásticas y aseguran que son pocas las veces que pueden asearse. Denuncian que en ocasiones la ropa que les entregan para lavar está manchada de sangre, pero desconocen qué es lo que ocurre en este centro.
De igual manera, se conoció que en este centro de detención los reclusos se dividen en dos grupos para dormir y convivir durante el día: 23 de pie y 23 sentados.
En cuanto a los 19 privados de libertad que alberga la GNB en la sede conocida como El Muelle, se conoció que solo tienen agua cuando llega el camión cisterna y pueden pasar hasta una semana sin que esto suceda. Los reos cocinan en una habitación pequeña sin ventilación y derriten plástico para generar fuego.
Todos los familiares afirmaron que estos casos han sido expuestos ante la Defensoría del Pueblo de Puerto Ayacucho, pero hasta la fecha no han enviado comisiones a los centros de detención. Al igual que la madre del joven fallecido en las instalaciones del CICPC, los datos de los denunciantes son anotados en un cuaderno y aparentemente quedan en el olvido.
Por último, la directora del OVP instó a la Defensoría del Pueblo de Amazonas a que atienda estas denuncias por reiteradas violaciones contra los derechos humanos de los privados de libertad en la entidad y, en consecuencia, se proceda a una investigación exhaustiva y veraz sobre cada caso en particular.
Nota de prensa
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