El Parlamento del chavismo ha pedido al Ejecutivo Nacional la expulsión de la jefa de la delegación diplomática de la Unión Europea, Isabel Brilhante Pedrosa. También ha exigido que se la declare «persona non grata» a raíz de las sanciones impuestas este lunes por el bloque europeo a 19 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro a los que se les congelarán sus activos financieros en Europa. La medida de la UE ha sido extendida a jueces, políticos y militares, y que participaron en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, considerado por la oposición y por la comunidad internacional como una «farsa» y por la «violación de derechos fundamentales« en el país sudamericano.
Entre los sancionados se encuentran Indira Alfonzo Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral y Leonardo Morales, vicepresidente del ente comicial venezolano. En la lista también aparecen los nombres de Remigio Ceballo, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; José Brito y Bernabé Gutiérrez, ambos diputados que discreparon del grupo de la oposición que dirige el presidente interino, Juan Guaidó.
La respuesta del régimen chavista a la UE ha sido inmediata, y con la aprobación de un «acuerdo de repudio», durante una sesión parlamentaria celebrada este martes, el Parlamento ha solicitado al Gobierno que «proceda a la ejecución de esta declaración, así como el establecimiento de los mecanismos diplomáticos tendientes a concretar la expulsión» de Brilhante.
El presidente del órgano unicameral, Jorge Rodríguez, ha dicho en su intervención que no «cabe en la cantidad de asco» porque «haya personas que se hayan hecho adictas a las sanciones». «Mis dos manos levanto para que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea», expresó Rodríguez antes de que se aprobara el acuerdo.
En junio pasado, Nicolás Maduro expulsó a Brilhante Pedrosa, y le dio desde ese momento 72 horas para que saliera del país sudamericano. La decisión del régimen también fue una reacción por las sanciones impuestas por la Unión Europea a once altos cargos del chavismo tras considerar que cometieron actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. Por aquel entonces, Maduro sentenció que «si no nos quieren, que se vayan. Si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela hay que respetarla en su integridad, como nación, como institución». Pero antes de que venciera el plazo, el régimen se retractó y echó hacia atrás la medida contra la embajadora.
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