«¡Tendré que quedarme enterrada en la cama!», susurra con tristeza Maritza Pérez, cuya fractura de fémur ya le pide otra operación y a un año de penurias, usa la segunda silla de ruedas prestada. Su testimonio desviste esa tristeza e impotencia que carcome a las personas con discapacidad, cuando no tienen las condiciones mínimas para salir de casa. Les es un «milagro» surtir combustible como priorizados, sólo el Transbarca es la esperanza de un transporte público adecuado, pero sigue quedando corto y los trayectos son maratónicos con tanto agite sin rampas en las principales vías o algunos establecimientos. Es la sombra de la poca accesibilidad que afronta el aproximado de 129 mil registrados entre niños y adultos en Lara, quienes deben superar estas barreras físicas, así como la dificultad en formación y en la ocupación laboral, que terminó de acentuarse con la pandemia por covid-19.
Guiomar López | La Prensa de Lara
Es un escenario que mueve la fibra, al entender a la discapacidad como una condición y que demanda asistencia sin condenar a un paciente en silla de ruedas a estar secuestrado en su casa, cuando tiene hasta derecho a disfrutar de una vida social.
Se trata de un panorama que lamenta Pascual Farnataro, miembro de la Asociación de Pacientes con Discapacidad en el estado Lara, al confirmar ese estimado que supera los 129 mil en la región. Se queja de la falta de accesibilidad que hasta perciben en el esquema de vacunación contra el covid-19. «Nunca hubo prioridad», se queja de quienes prácticamente están condenados a prescindir del trato preferencial en las estaciones de servicio y de esa amplia data, sólo quedan fijos alrededor de 15 compañeros para equipar de combustible a la semana. Un detonante que los condena a horas de recorrido en sillas de ruedas o andaderas, para aquellos de dificultad motriz y que deben sortear entre los saltos de aceras hasta terminar con sus trayectos.
Aplaude la intención de la línea Transbarca que brinda espacios para discapacitados, pero apenas alcanza para dos pasajeros e igual exige la ayuda de un acompañante o voluntario. Un hecho que incomoda, al considerar si se ameritan varios trasbordos.
El soporte desde el marco legal, también es criticado en grado de orfandad por Marianny Linárez, dirigente regional en defensa de las personas con discapacidad, quien califica como letra muerta a la Ley Nacional de Atención a Personas con Discapacidad. «Al leerlo, te sientes como en el país de las maravillas, pero la realidad es que no se cumple», señaló de esa deuda que se tiene con la libertad, accesibilidad y las mismas oportunidades como al resto de la ciudadanía.
Todo en apartados que recuerdan esos derechos a la educación con planteles adaptados, atención oportuna en salud, posibilidades en lo laboral con el 5% que se exige por nómina y hasta la pertinencia del espacio cultural o recreativo para un estilo de vida con calidad. Un escenario que grita por integración e inclusión en general.
Sobreviven
LA PRENSA vio de cerca ese esfuerzo que viven algunos discapacitados, sintiéndose atrapados hasta en sus propias residencias. Se llama a la señora Maritza Pérez y tarda en salir. A los pocos minutos, se asoma en su silla de ruedas, vistiendo una batica azul y empezando con un suspiro a manera de desesperación. A esta técnico radióloga, de 59 años, le cambió la vida desde el 4 de septiembre de 2020 y a más de un año, ya tuvo su primera intervención por fractura de fémur. Una experiencia que debe repetir, al necesitar una segunda operación.
Ella se aferra a la silla de ruedas prestada ya es la segunda y que debe entregar en los próximos días, por lo que también pide por una donación. Su esposo, Reinaldo Palmera, es el único apoyo porque no tuvieron hijos y hasta ha somatizado tanta angustia, manifiesta en su descompensación de valores que lo mantuvo decaído.
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