El éxodo venezolano y los estragos de la crisis económica han generado en el país un paradójico fenómeno colateral: un notorio descenso de los niveles de inseguridad ciudadana y de homicidios, tradicionalmente uno de los dolores de cabeza más prolongados de la sociedad y el Estado. Es la primera vez que esto ocurre desde 1989.
En un país donde hay problemas con el combustible y no demasiada gente se anima a circular de noche, el Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó en 2020 11.891 homicidios, 50% menos que en 2018, en el cual se registraron 23.000, y que entonces era una de las tasas más altas del mundo. De acuerdo a la OVV, la tasa de delitos en Venezuela ha conocido un declive progresivo desde 2017. El nivel de 2020, todavía muy grave, sería de 45 muertes por cada cien mil habitantes. En 2018, el promedio era de 91.
Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia son un faro orientador para comprender la evolución de esta dolencia. Desde hace varios años, el régimen de Nicolás Maduro no ofrece datos de los niveles de delincuencia, mantiene cerradas las fuentes informativas e impone la censura en los medios masivos.
El repliegue de la presión del hampa y sus modalidades es una circunstancia que, con todos sus contrapuntos, se siente en las calles. Los expertos lo atribuyen a dos causas. La primera ha sido la diáspora masiva de ciudadanos, que ha hecho posible el traslado de nichos del delito a países vecinos como Colombia y Perú -siendo esta la primera vez en la historia nacional que se produce un flujo migratorio masivo en las capas más empobrecidas de la población.
La segunda causa ha sido la embestida de los cuerpos policiales del régimen chavista luego de años de indulgencia, a través de iniciativas como la Operación para la Liberación del Pueblo y los procedimientos de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, Unidad de Elite de la Policía Nacional Bolivariana. En estos enfrentamientos han sido asesinadas muchas personas registradas luego bajo el genérico rótulo policial de “resistencia a la autoridad”. En su informe anual, el Observatorio de Violencia establece que, del total de 11 mil homicidios en 2020, 4.000 fueron cometidos por la propia Policía y la Guardia Nacional en este particular limbo en el cual ingresan, por igual, de acuerdo a lo que sostiene la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet y muchas ONGs, culpables e inocentes.
“Desde 2016 hay un aumento de la letalidad policial en relación con el total de las muertes provocadas por los delincuentes”, dice el informe 2020 del OVV. “Desde entonces, cada año hay más víctimas por haberse resistido a la autoridad que por homicidios de cualquier tipo”. El Observatorio asienta, además, que “la emigración masiva ha provocado un cambio demográfico que ha alterado la base poblacional del país (…) La destrucción de la economía y el trabajo, así como la emigración masiva, vaciaron las ciudades y restringieron las oportunidades para el delito”.
El criminólogo y especialista Luis Izquiel acepta la disminución de la sensación de inseguridad, sobre todo en las ciudades, y se lo atribuye, entre otras razones, “al fuerte descenso del secuestro exprés que tradicionalmente azotaba a la clase media”. Izquiel opina que la reducción del hampa es una consecuencia colateral de la destrucción de la economía, razón que “ha hecho del delito una actividad menos rentable. Los delincuentes prefieren seleccionar víctimas con más tiempo, ubicando a personas específicas, con montos grandes. Las incidencias en las calles son ahora menores. Las bandas pequeñas se han debilitado mucho y eso ha fortalecido el crimen organizado”.
“Aquí lo grave es que el porcentaje de homicidios de ciudadanos a manos de la policía es cada vez mayor desde 2016”, afirma Keymer Ávila, docente del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y activista social, quien señala que esta tendencia se inició en el año 2013 –el primero de Nicolás Maduro en el gobierno– y ha conocido dos grandes saltos en 2016 y 2018.
El hampa en Venezuela fue un problema de rango menor hasta finales de la década de los ochenta. Comenzó a agravarse progresivamente desde entonces, y conoció un poderoso fortalecimiento a partir de 1999, año en el cual arribó al poder Hugo Chávez. Hasta su muerte, en 2013, Chávez fue recriminado en muchas ocasiones por su actitud permisiva y su renuencia a reprimir el delito usando la fuerza del Estado en las zonas más pobres del país.
Desde que arribó al poder, sin anunciarlo formalmente, Maduro ha procedido en la dirección opuesta: ha invertido mucho dinero en el equipamiento del pie de fuerza militar y policial, y ha decidido presentarle combate a un entramado fortalecido en los años del chavismo, que ha llegado a retar la autoridad del Estado.
“De 2010 a 2018, han fallecido 23.000 personas a manos de la fuerza de seguridad”, sostiene Ávila. “El 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. El promedio es de 19 muertos por cada 100 mil habitantes, un registro que es superior a la sola tasa de homicidios de cualquier país del mundo. Uno de cada tres homicidios en Venezuela es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad”.
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