Un bufete de abogados presentó una demanda en España contra varios dirigentes políticos venezolanos acusados de presuntamente «formar parte de la trama de corrupción de Alex Saab y Carlos Líscano sobre la importación de alimentos Clap».
Los acusados son José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Adolfo Superlano, Chain Bucaran y Richard Arteaga.
Al parecer estos dirigentes contrataron los servicios de la firma para dejar absueltas de responsabilidad a un grupo de empresas involucradas en el desfalco millonario del programa de alimentación de Venezuela.
“Tanto las empresas como los diputados relacionados, intentaron utilizar a abogados honestos, para que bajo engaños liberasen las cuentas bancarias y legitimasen no sólo a las empresas sino también los contratos que celebraron y que se caracterizan por ser actos de corrupción e ilegitimidad contra el Patrimonio Público de Venezuela”, dice el documento presentado en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid.
En la explicación de motivos de señala que “La Comisión que se presentó fue Presidida por el Diputado Conrado Pérez de la comisión de Contraloría, la conformaron los demás denunciados excepto el Diputado Luis Parra, quien no suscribió contratos con nuestra organización, pero si firmó documentos oficiales que trajo desde Caracas”, sostiene, algo muy extraño porque Parra es de la Comisión de Ambiente.
Asimismo, la firma agrega que el comportamiento del antiguo diputado acarrea responsabilidades penales por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
“Para la fecha, siguen sumándose indicios de corrupción y Legitimación de Capitales, hay demostración de que los documentos son falseados o creados para limpiar la imagen de las empresas corruptas, lo cual inmediatamente convierte al Diputado en Corrupto, de aquí su reputación de Alacran y por ello se le considera Tránsfuga en Venezuela y señalado de aceptar sobornos”, agrega.
Ocultó pruebas que evidenciaban la mala calidad de los alimentos y uso otras para engañar a las instituciones europeas, fueron a Bulgaria a defender las empresas que se robaron el dinero de la República de Venezuela, en lugar de pedir que le repatriaran esos dineros a el Estado venezolano.
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