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Revelaron lo que hizo un juez con automóvil incautado en operación Manos de Papel

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Mario Pinzón Suárez es fotógrafo. Y compró un vehículo yaris blanco, Toyota 2006. Su historia comienza aquel día en que arrancó la Operación Manos de Papel, cuando con la investigación MP-125630-2018 la fiscalía Anticorrupción, bancos, Seguro, Mercados de Capitales y Civil del Táchira, actuó conjuntamente con la fiscalía Vigésima Primera Nacional contra dos personas, una de ellas su yerno, a quien le había prestado su yaris.

En una exclusiva de Punto de Corte, el 12 de abril 2018 detienen a su yerno Ángel Giovanny, en la zona industrial de Paramillo de San Cristóbal, en la sede de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Táchira (Cobiserta), una empresa creada por Vielma Mora mientras fue Gobernador. Cobiserta era una empresa con la cual se encubrían una serie de delitos. Su presidente, coronel José Salvador Bolívar, después fue sentenciado a casi cinco años por acaparamiento en grado de autor, permanece en prisión.

El caso es que el día que las Fuerzas de Acciones Especiales llega a la sede de Cobiserta, retienen una serie de objetos y vehículos, entre esos el carrito que Mario Pinzón le prestó al yerno con cuatro bombonas de gas de uso familiar. El fotógrafo, a través de la introducción de una Tercería, el 4 de abril, ante el Tribunal de Control Nr 8, reclama su carro, muestra las pruebas de propiedad del vehículo (SP21-P-21-P-2018-001045). El 31 de mayo se ´presenta el acto conclusivo de la investigación fiscal de lo ocurrido el 12 de abril, pero no se menciona la ubicación del carro de Mario Pinzón.

El 10 de agosto 2018, en la audiencia preliminar, la juez de Primera Instancia de Control Nr. 8, decidió la entrega del Yaris a Pinzón, ordenando notificar a la Fiscalía Superior del Táchira, la entrega de ese carro. El Yaris se encontraba a órdenes del Ministerio Público. Pasan los meses y nada que le entregan el vehículo a su legítimo propietario.

Es así como el 3 de octubre de 2018, la Fiscal Superior del Táchira, Xiomara Matilde García Paredes le dice al dueño del carro, a través del oficio 20-FS-1825-2018, que le corresponde a la Fiscalía 23 del Ministerio Público o en su defecto a la Fiscalía Nacional que conoció el caso, la imposición del auto donde se orden la entrega de objetos, solicitándose ante ese despacho la entrega del Yaris a Mario Pinzón.

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EL FISCAL SE CREYÓ DUEÑO DEL CARRO

Lo inaudito es que a Pinzón varias personas le dijeron que habían visto su carro a las puertas del Ministerio Público y que quien lo utiliza se traslada con frecuencia por la ciudad y a la sede del Circuito Judicial Penal, usándolo como vehículo personal.

El 17 de octubre, el yerno aquel a quien Pinzón le había prestado el vehículo el día que fue incautado, vio al Yaris en las inmediaciones del Edificio Nacional, por lo que acude a denunciar la ubicación del carro. Por instrucciones del Ministerio Público, se presenta una comisión de la Policía Municipal de San Cristóbal al lugar. Minutos después llegó el fiscal vigésimo del Ministerio Público, Jhonathan Guerra, quien dijo que él era quien conducía el vehículo, que se encontraba bajo su dominio y posesión, por asignación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ondoft), pero no mostró ningún documento.

El fiscal Guerra llamó a una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que se presentó al sitio amenazando al yerno del fotógrafo Mario Pinzón. El 19 de octubre el verdadero dueño del vehículo acude ante el fiscal vigésimo tercero, Javier Serrano, y denuncia los hechos.

Lo asqueante de la situación es que fiscales, como Jhonatan Guerra, creen que pueden hacer uso, como si ellos fueran los dueños, de los vehículos incautados en ese procedimiento llamado Manos de Papel, que llevaron al allanamiento de 23 concesionarios, a la detención de 32 personas y a la retención de 490 vehículos.

El de Pinzón y su Yaris, no es el único caso. El 12 de octubre les dije en el artículo Negocio de los carros incautados, que el fiscal séptimo del Ministerio Público del Táchira, Gainy Saavedra, ordenó la entrega de una moto, pero no a su dueño, sino a un individuo que falsificó documentos para apropiarse del vehículo. El mismo día que salió publicada esa denuncia, el fiscal Saavedra recuperó la moto y la envió al estacionamiento respectivo.

La gran mayoría de los vehículos incautados en esa Operación Manos de Papel, no han sido entregados a sus verdaderos dueños, ni siquiera a quienes han demostrado que habían dejado a consignación el vehículo en esos concesionarios. Lo bochornoso es que muchos de esos carros están siendo usados por terceras personas, quienes los están usufructuando en detrimento de sus dueños.

Con información de Punto de Corte

Alberto News

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