La Asamblea Nacional de mayoría oficialista de Venezuela aprobó el mes pasado de manera preliminar una ley que establece mecanismos que permitan la “identificación, localización y recuperación” de bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República.
Se trata de un mecanismo de “persecución patrimonial” que, en los países donde se ha incorporado ha sido “eficiente” porque “no hay condena penal”, asegura Emilio Urbina Mendoza, doctor en Derecho y profesor del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio “es una acción civil, de naturaleza patrimonial, no penal, cuya función es extinguir el dominio de aquellos bienes que no puede demostrarse que fueron adquiridos de forma licita”, dijo.
“En los modelos liberales, como la propiedad se respeta, también son cuidadosos de ver sus orígenes. Si la misma viene ilegitima, la propiedad viene torcida, por lo tanto, no se consolida el derecho y se extingue el dominio. Muchos hablan de una confiscación, sí, pudiera ser una confiscación civil mas no penal”, explicó Urbina.
Algunos juristas dudan de la “constitucionalidad” del mecanismo, debido a los artículos sobre la propiedad privada y las confiscaciones consagrados en la Constitución, pero Urbina recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Tribunal Europeo de derechos humanos han rechazado “todas las demandas” contra la extinción del dominio.
El propósito de la extinción de dominio, de acuerdo con Urbina, que ha dedicado varios años a la investigación del tema, es evitar que, mientras una persona espera un proceso penal se “deshaga” de bienes.
“Lo que interesa es recuperar esos bienes. De nada sirve estar preso si los bienes no se recuperan y mientras dura ese proceso penal se hace y deshace con testaferros, con hombres de paja como se conocen en el argot, empresas pantallas y una cantidad de tramas de la delincuencia económica 2.0”, añadió.
La propuesta debatida en la AN oficialista surge en medio de un escándalo de corrupción en la industria petrolera por el que, hasta el momento, según la fiscalía, al menos 55 personas, entre ellas ex funcionarios públicos y empresarios, han sido detenidas e imputadas de varios delitos, entre ellos apropiación de patrimonio público y legitimación de capitales.
Días atrás, el presidente Nicolás Maduro afirmó que actuará “hasta la profundidad más grande” contra los involucrados en la más reciente trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y pidió a la fiscalía y otros organismos de investigación garantizar que los recursos “robados” sean reintegrados al Estado para invertidos en “programas sociales”.
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