El sector agroalimentario fue una de los priorizados para el libre tránsito a nivel nacional como medida para garantizar la distribución de alimentos, pero productores agropecuarios de El Palmar han sido dejados a un lado en lo que al suministro de combustible respecta.
Por José Rivas / correodelcaroni.com
La crisis de gasolina viene de la mano de la paralización de las refinerías junto a la baja producción petrolera de Pdvsa, que ronda los 700 mil barriles diarios (b/d), menos de un tercio que en 2013, año en que llegó Nicolás Maduro al poder. Se estima actualmente que en las refinerías del país se produzcan 40.000 b/d de gasolina contra los 120.000 b/d que se está demandando durante la cuarentena.
“Cero gasolina en nuestro municipio para los productores agropecuarios, para el transporte y para los comerciantes”, comentó Alí Molina, directivo de la Asociación de Ganaderos de El Palmar, quien señaló que han buscado mantener los papeles en regla que los avale como ganaderos y que les garantice el suministro de combustible, sin embargo persiste la negativa por parte de las autoridades
Una cisterna con 13 mil litros de gasolina entró al municipio, específicamente a la estación de servicio Río Grande, pero no fue distribuida a los productores ya que se consideró como “reserva estratégica” por parte de funcionarios del Estado. Para Molina es incomprensible que el municipio Padre Pedro Chien no cuente con ambulancias, camiones de bomberos, ni patrullas que justifiquen esa negativa del combustible.
“El productor está dejando de atender sus unidades de producción que ya venían padeciendo una situación de crisis de gasolina, pero ahorita está totalmente acentuada”, indicó. Esta situación, dijo, puede generar un incremento de los problemas de alimentación y escasez al ser este sector de El Palmar uno de los principales distribuidores de queso, leche, carne y tubérculos tanto para otros municipios, como para la capital del estado Bolívar.
Estos campos necesitan el mantenimiento diario de cada uno de sus tierras y animales, por lo que muchos ganaderos que viven en zonas urbanas, o municipios distintos a donde tienen sus fincas, se les ha complicado que puedan ir y atender como deben su producción.
Algunos productores como Molina han tenido que trasladarse en motos para gastar menos combustible y aún así no le hacen el mantenimiento para el cuidado de sus instalaciones. Relató que esto trajo como consecuencia el incendio y la pérdida de tres potreros que usaba para el pastoreo y la alimentación de los animales.
“Hay muchos productos que se están cosechando en estos momentos como yuca, batata, melón que requieren ser movilizados y esto afecta esta producción, se viene a menos y ocasiona pérdidas económicas grande a la producción”, relató preocupado, tanto por él como por sus demás compañeros.
Señaló que no solo la producción se ve afectada por esto, sino además por la dificultad de dirigirse a municipios como Piar y Caroní para la compra de productos químicos para la fertilización de las tierras. También, con el cierre de la frontera con Brasil, se ha vuelto prácticamente imposible conseguir las vacunas y medicamentos veterinarios.
Héctor Arévalo es productor agropecuario de El Palmar, desde el inicio de la cuarentena no ha podido trasladarse como lo hacía antes, y ahora ha tenido que quedarse encerrado en su finca al no tener suficiente combustible para dirigirse a su vivienda ubicada en Ciudad Bolivar.
Indicó que no solo afecta la distribución al no poder venderla en los demás municipios, sino que las hortalizas, tubérculos y demás frutos tampoco se dan de la forma habitual al no tener gasolina ni gasoil para mantener activas las plantas del sistema de riego que garanticen la cosecha.
“Hay un protocolo para sacar un salvoconducto y al final no te dan nada”, declaró Arévalo, quien señaló a su vez que el gobierno con su “demagogia” prometió apoyo al sector productivo y alimenticio y que no ha sido así.
Señaló que ha tenido que vender el queso en El Palmar a precios muy por debajo de los que considera rentable, ya que los distribuidores alegan que al tener mayores gastos con el combustible no le es provechoso pagar el producto a un precio más alto.
Productores agropecuarios han pagado hasta 100 y 150 mil bolívares por cada litro de combustible en el mercado negro, lo que para Molina es inentendible al ser el mismo Estado y sus funcionarios los que tienen el control del mismo.
Molina exigió que se garantice el combustible a todos los productores que tengan documentos, que certifiquen sus unidades de producción y aval sanitario, quienes a pesar que cuentan con esos papeles no han sido atendidos. El directivo de Asogapal teme que por este problema aumenten los robos dentro de las fincas al no tener combustible para vigilarlas constantemente.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Armando Chacín, 10 días atrás también había denunciado los problemas con el suministro de combustible en el país. “Sin combustibles el campo no puede producir. Si el campo no produce, la ciudad no come. La producción y distribución de nuestros productos agroalimentarios desde las unidades de producción hacia los centros de consumo en las ciudades es imprescindible y prioritario”, dijo.
En mercados municipales de Ciudad Guayana ya comerciantes han denunciado el retardo en la llegada de alimentos, y el aumento de los mismos dada la falta de gasolina y los costos en el mercado negro.
Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, denunció por redes sociales como desde Timotes, en Mérida, estaban perdiendo alimentos como zanahorias, lechugas, plátanos y papas al tener 22 días sin suministro de combustible.
Según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), del 70% de la producción de alimentos ahora tan solo se cubre con el 25% de la demanda. Para 2019, su presidente Aquiles Hopkins señalaba que cumplían 12 años de caída sostenida en la producción nacional. Los problemas en el suministro de combustible en medio de la pandemia podrían generar mayores problemas de producción y más escasez de la que ya se registraba el año pasado en el país.
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