Organizaciones civiles exigen derogación de providencia que precalifica a las ONG de terroristas. En entrevista con el periodista Cesar Miguel Rondón, Rafael Uzcátegui de la Organización No Gubernamental, Provea, aseguró que con esta medida se busca presionar a los defensores de derechos humanos para que no continúen haciendo su trabajo y a las víctimas para que no denuncien los maltratos.
«Lo que se intenta es aumentar los mecanismos de control y de división sobre la sociedad civil (…) para una organización de DDHH es absolutamente inaceptable decirle a sus victimarios quienes son las víctimas que los están denunciando, y quienes están acudiendo a estos mecanismos internacionales para intentar obtener la justicia que dentro de Venezuela se les niega», dijo
De igual manera afirmó que «Este comunicado es una primera acción que refleja la gravedad de esta iniciativa. Y en segundo lugar, la cohesión que existe dentro de la sociedad civil y las organizaciones de DDHH para actuar conforme a sus principios».
Detalló que «para esa normativa hay que inscribirse hasta el 1 de mayo, pero nosotros hemos dicho que no lo vamos a hacer, y que, en una actuación de desobediencia civil, vamos a aceptar todas las consecuencias que este acto pueda acarrear».
Uzcátegui asegura que «Esta normativa es muy ambigua y dice que las sanciones se van a aplicar de acuerdo a la normativa que puedan aplicarse. Cuando uno revisa la ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo, la pena puede varias entre 2 a 20 años, pero otra de las cosas que pudieran ocurrir, y de esto estamos muy pendientes del modelo Nicaraguense, es que se le quite la personalidad jurídica a las organizaciones, por lo cual van a quedar al borde de la legalidad. Para nosotros esta es una situación de mucha gravedad, ya lo estamos denunciando a los organismos internacionales, estamos actuando, movilizados».
Aseguró que esta amenaza no los tomó por sorpresa: «Nosotros preveíamos que el gobierno iba a realizar una serie de medidas para impedir el trabajo de la sociedad para visibilizar las violaciones dentro del país. Este es un año muy importante para la observación internacional porque hay diferentes mecanismos activados sobre Venezuela. Entre ellos, la CPI que ya anunció que iba a tener en el segundo semestre una ejecución sobre nuestro país, y esto lo que intenta por un lado, es cobrar esa factura de activación de esos mecanismos con estos informes tan contundentes.
Rafael Uzcátegui indicó que la dictadura de Maduro establece esta medida con la finalidad de intentar impedir que nosotros estemos suministrando información, y que los pocos recursos son los que contamos los utilicemos para defendernos a nosotros mismos, y dejemos desvalidas a las personas a las cuales estamos documentando. Esto es una consecuencia de esa mirada internacional activada gracias al liderazgo social y político, que ha denunciado, que ha visibilizado, la grave situación dentro de Venezuela».
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