Durante la denominada “Marcha de las Togas”, encabezada por trabajadores judiciales, sindicatos y profesionales, el abogado y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Rafael Veloz, aseguró que el sector judicial está corrompido por el sistema político actual y la población está desprotegida.
“El sistema judicial venezolano no está al servicio de los ciudadanos del país, sino de quienes detentan o están cerca del poder. Lo caracteriza la lentitud, la corrupción que abona la pobreza y el hampa; la impunidad a la delincuencia de cuello blanco, decisiones entre gallos y media noche del TSJ, no obstante, cuando los ciudadanos desde dirigentes políticos, parlamentarios, funcionarios públicos y los de a pie, deciden enfrentar al oficialismo, se vuelve eficiente, expedito y sumiso ante las órdenes emanadas de Miraflores”.
Durante la actividad, el también dirigente de Voluntad Popular, recordó que el pasado 9 de septiembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre las terribles violaciones a los derechos humanos en Venezuela y aseguró que las excarcelaciones recientes han sido selectivas y con medidas cautelares. “Además, se ha observado que por un excarcelado persiguen, hostigan y allanan las viviendas de docenas de personas”, denunció.
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El parlamentario, junto a organizadores de la jornada de protesta, la Federación de Trabajadores Tribunalicios, Colegios de Abogados, el Frente Amplio Profesional, la Federación de Trabajadores de Tribunales y de la Magistratura (DEM) entre otros, ratificó que seguirán en la calle hasta que el sector judicial deje de padecer los agudos problemas que confrontan los trabajadores, entre ellos: sueldos que se han empobrecido robándoles su calidad vida, carencia de seguridad social, la discusión de la contratación colectiva y el desmejoramiento general de la jornada laboral.
“El régimen manipuló el poder judicial para atemorizar a los ciudadanos con el terrorismo de Estado, por lo que hay que declarar urgente la emergencia judicial. El Estado de derecho disminuye la corrupción, protege a los ciudadanos, combate la pobreza y por ende la delincuencia y genera la paz social”.
Entre las consignas de la Marcha de las Togas estuvo ¡basta de la justicia tarifada! eliminar la corrupción, sueldos dignos, celeridad en las decisiones judiciales, cese a la persecución de los trabajadores tribunalicios. Sobre esta demanda la Ley de Garantías para los funcionarios públicos a quienes se les ha vulnerado los derechos laborales aprobada en mayo de este año, garantiza la protección de los ciudadanos que al servicio del país laboran en la administración pública y todas las exigencias no solo del sector judicial, de los demás sectores nacionales serán atendidas y cumplidas, para ello es inevitable el cambio del sistema político y el cese de la usurpación. Millones de ciudadanos acompañan al presidente (e) de Venezuela Juan Guaido en el compromiso de liberar a Venezuela y devolver la República a sus nacionales y se logrará con el tesón, la fe ya certeza de que jornadas de protestas en las calles lo harán realidad.
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