Por unanimidad y tan sólo sometiéndola a un mes de discusión en la Asamblea Nacional (AN) controlada por el PSUV, fue aprobada la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 18 de enero, donde fueron modificados 10 artículos. El más resaltante es el artículo 8, que establece que el Poder Judicial pasará de tener 32 a 20 magistrados. Para juristas, esta nueva ley no resuelve los problemas de fondo, como el retardo procesal, la violación de derechos humanos y la alta corrupción que existe en el sistema de justicia venezolano. Su único interés es político, donde el control del Poder Judicial ahora será repartido entre el Ejecutivo Nacional y el Legislativo.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
De las seis salas que tiene el máximo tribunal, la Sala Constitucional estará conformada a partir de ahora por cinco magistrados, y las demás: Sala de Casación Civil, Sala Penal, Sala de Casación Social, Sala Político-Administrativa y Sala Electoral, por tres magistrados cada una.
«¿Por qué es tan importante reducir el número de magistrados para el chavismo? Bueno, la explicación es política, Nicolás Maduro ha dicho que en algún momento de este año iba a reanudar las negociaciones en México. El tema que quedó pendiente en esas conversaciones es el Poder Judicial. Había trascendido a los medios de comunicación social que podría haber una cuota o un reparto de cargos para la oposición, como ocurrió con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene dos rectores opositores y tres del PSUV. Pero claro, no es lo mismo repartir el poder del TSJ sobre 32 que hacerlo sobre 20, y ahí es donde está la jugada», opina Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia.
Afirma que el oficialismo redujo el número de magistrados previendo la posibilidad que áreas sensibles del TSJ queden bajo la responsabilidad de magistrados opositores o independientes, como algún órgano que controle la dirección ejecutiva de la magistratura que lo supervise. «Lo que se quiere es evitar que la oposición tenga algo que ver con el gobierno del Poder Judicial», resaltó.
Otro cambio fundamental se hizo en el artículo 65, sobre cómo está conformado el Comité de Postulaciones Judiciales. Según el artículo 270 de la Constitución, este comité debe ser integrado sólo por representantes de la sociedad civil. La ley del TSJ del año 2010, vigente hasta el 19 de enero de 2021, indicaba que este comité se conformaba con seis representantes de la sociedad civil y cinco diputados contrariando la carta magna. Pero ahora la reforma también viola la Constitución, al establecer que el comité lo conformarán 11 diputados y 10 de la sociedad civil.
Quien coordina ese comité es el diputado del PSUV, Giuseppe Alessandrello, el mismo que presidió el Comité de Postulaciones Electorales, que escogió a los rectores del CNE en abril de 2021. Alí Daniels indicó, además, que hasta ahora se desconoce quiénes serán las personas de la sociedad civil que conformen ese comité, así como nunca se hizo público con quiénes consultaron esta reforma para aprobarla tan rápido.
«En Venezolana de Televisión informaron para sorpresa de todos, que el Parlamento había hecho la consulta pública de esta ley, pero no consultando a colegios profesionales ni rectores de universidades ni decanos. Sólo consultaron a la Fiscalía General, a la Defensoría Pública, y a ocho rectores de universidades que nos imaginamos deben ser bolivarianas y no autónomas», soltó.
Indicó que hay un tercer cambio que tiene que ver con supresión de competencias del TSJ, al reformar los artículos 81 y 83. «Se evidencia una especie de ajustes de cuenta con el propio chavismo. Resulta que el Comité de Postulaciones estaba limitado a escoger a los magistrados, pero ahora se le agregaron dos competencias adicionales, que es la de procesar las postulaciones para el Inspector de Tribunales y para el director de la Escuela de la Magistratura. Es decir, que esos órganos que antes se nombraba directamente en su autonomía el Poder Judicial, ahora pasan a ser controlados por la AN», manifestó.
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