El retardo procesal en el sistema de justicia que durante años ha sido denunciado por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos parece ser tema nuevo para diputados oficialistas de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro. Incluso para la primera vicepresidenta, Iris Varela, quien estuvo frente al ministerio de asuntos penitenciarios entre 2011 y 2017 y 2018 y 2019 y para quien funge como presidente de la comisión de Política Interior, diputado Pedro Carreño.
El presidente de la instancia parlamentaria fue el primero en referirse al tema en su derecho de palabra durante un punto de información en la sesión ordinaria de este jueves 10 de junio. Carreño anunció un abordaje en cárceles del país y denunció que hay casos de extorsión a los reos para ser llevados a tribunales.
«Esto es un secreto a voces, para la audiencia preliminar hay una tarifa, para la presentación y acusación, otra tarifa, eso no puede permitirse en esta revolución», dijo el diputado de la bancada oficialista.
Anunció la creación del plan «Sistema de Justicia Revolucionaria 200» que supuestamente será implementado en los centros penitenciarios para corregir hechos de corrupción que habrían detectado de manera reciente.
“La población privada de libertad en recintos penitenciarios, es decir en cárceles, tenemos procesados masculinos 25.038 y femeninas 1.122, para un total de 26.160 procesados, penados masculinos 14.429, femeninas 1.190, dando la totalidad de 16.119 penados en el país”, apuntó.
“Por la parte de los adolescentes, tenemos masculinos 772 y femeninas 70, para un total de 842, dando como resultado 43.121 privados de libertad”; añadió.
Aunque recordó que debido a la pandemia por el coronavirus el sistema de justicia estuvo por al menos siete meses sin despacho en los tribunales, después de ese período se comenzó a trabajar bajo el esquema ‘7+7’.
No sabía del retardo procesal
A lo señalado por Carreño le hizo seguidilla la diputada Iris Varela, quien afirmó que ni el Estado ni el Parlamento pueden hacer caso omiso a estos retrasos, que aseveró van en contra del debido proceso, pero que pasó por alto mientras estuvo al frente de la cartera ministerial.
La exministra de asuntos penitenciarios relató que se realizó un abordaje en tres organismos de detención en Carora, en los que hay privados de libertad, pese a no ser recintos de detención preventiva. Precisó que en las sedes de los destacamentos de la Guardia Nacional (GN) y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hay privados de libertad, en reducidos espacios y «en condiciones críticas y alarmantes».
Varela no dio a conocer, ni como ejemplo, algún tipo de acción hecha para hacer frente a esto durante su gestión como ministra.
Para los privados de libertad y sus familiares el tema del retardo procesal y el hacinamiento no es nada nuevo. La ONG Acceso a la Justicia realizó un informe sobre el desempeño del sistema penitenciario durante el período 2001-2015, en el que se tildó de “preocupante” el índice de hacinamiento en los penales del país, pues aumentó “de forma intensa” entre 2012 y 2013 al llegar a casi 300% con una población promedio de más de 50.000 reclusos. Para 2006, la sobrepoblación carcelaria ya superaba 200%
En el informe publicado en 2017, Acceso a la Justicia infirió que el hacinamiento carcelario era consecuencia directa del retardo procesal y de los pocos recursos que se destinaban a la administración de las cárceles. Destacó, además, que para ese momento sólo 30% de la población penal había recibido condena en vista de las deficiencias del sistema de administración de justicia.
El patrón sigue y con llegada del coronavirus se acentúo. De acuerdo a un reporte de El Carabobeño reclusos de Carabobo pasan entre uno y cuatro años sin celebración de juicios. En octubre del 2020 el abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, señaló que el retardo procesal se ha convertido en la constante en los juicios a presos políticos militares en Venezuela, al punto que en algunos casos hay retraso de hasta 750 días (más de dos años) sin que se haya procedido a la llevar adelante el juicio.
En 2019 el entonces director de Policarirubana Jesús López Marcano aseveró que la prohibición de traslados así como el retardo judicial convirtieron los centros de reclusión transitoria en cárceles.
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