En el marco del estado de alarma, vigente desde el 13 de marzo de 2020, siguen recrudeciendo las agresiones contra quienes defienden y exigen derechos humanos
Kevin Arteaga González El Carabobeño
La política de persecución, amedrentamiento y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro no cesa. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró en Venezuela, durante septiembre, 50 nuevos ataques e incidentes de seguridad contra defensores y organizaciones que promueven los derechos humanos.
El mes pasado se evidenció un incremento de estas acciones, al compararse con los 12 casos registrados en agosto. Para el CDJ, las afectaciones a la defensa y exigencia de derechos humanos demuestran la sistematicidad de la política de Estado de criminalización, basada en la lógica del enemigo interno.
A medida que se reduce el espacio cívico y se profundiza la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia de COVID-19, las personas y organizaciones siguen elevando denuncias y haciendo exigencias para la implementación de correctivos y medidas que garanticen el derecho de los venezolanos a vivir con dignidad.
Sin embargo, según el reciente informe mensual del CDJ, la respuesta del Estado antes las exigencias de la ciudadanía sigue siendo la de agredir, intimidar, hostigar, y estigmatizar, lo que deja al descubierto “que defender derechos humanos en Venezuela se presenta como una labor de riesgo”.
Del total de los ataques documentados por el CDJ en septiembre, 31 estuvieron dirigidos hacia las organizaciones derechos humanos. Destacan organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Acción Solidaria y en general las organizaciones que cooperaron con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela en la elaboración de un informe sobre graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El centro señaló que la estigmatización sigue siendo la principal forma de atacar a las personas y organizaciones defensoras de los derechos fundamentales. Las autoridades del gobierno, a través de discursos oficiales y otros lineamientos, buscan desacreditar el trabajo de documentación y denuncia, con base a un discurso de odio, amparado en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Del total de ataques e incidentes documentados y verificados por el CDJ en el noveno mes del año, 29 ocurrieron en el marco de la presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y las actualizaciones orales de la Alta Comisionada sobre la situación de derechos humanos en el país, durante el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ante el incremento de los ataques registrados producto de las conclusiones de la Misión Internacional Independiente, el CDJ hizo un llamado a los distintos mecanismos creados para proteger a las personas defensoras de derechos humanos tanto de la ONU, como del Sistema Interamericano y aquellos encargados de velar por quienes son víctimas de represalias por cooperar con los organismo a exhortar a la representación del Estado venezolano a que víctimas, testigos, personas y organizaciones de derechos humanos puedan acudir a las instancias internacionales sin ser objeto de agresiones o represalias.
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