El chavismo tiene todo listo para iniciar procedimientos penales contra Juan Guaidó y los diputados que aprobaron la “continuidad constitucional” de la Asamblea Nacional electa en 2015; mientras, el Gobierno interino da inicio a un proceso de reestructuración, con resultados inciertos, que busca mejorar los mecanismos de consenso dentro de la oposición. El escenario de la negociación luce poco probable en el corto plazo.
Iniciar el año con dos Asambleas, dos Presidentes y hasta dos fiscales generales o dos tribunales supremos de justicia no es una novedad para los venezolanos. En lo que sí parece diferenciarse este comienzo de 2021 del inicio de 2018, 2019 y 2020 es en la correlación de fuerzas entre el Gobierno, crecientemente autoritario de Nicolás Maduro, y los movimientos agrupados en la Asamblea Nacional (AN). Un desbalance que ofrece una clara inclinación favorable al chavismo y que, de acuerdo con expertos consultados, hace poco probable el escenario de una negociación, en torno a la exigencia de elecciones libres en el corto plazo.
Sintiendo el viento a favor para avanzar en su proyecto hegemónico, como el mismo chavismo denominó alguna vez a su estrategia comunicacional, el gobierno de Maduro tiene todo dispuesto para lograr su objetivo de acabar con la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino presidido por Juan Guaidó. “El Gobierno quiere pasar la página y cerrar el capítulo de Guaidó y quiere cerrarlo completamente”, indicó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG UCAB), Benigno Alarcón.
Son varios los elementos que favorecen una acción de este tipo contra Guaidó, y los diputados que decidieron aprobar la “continuidad constitucional” del cuerpo legislativo, quienes pudieran terminar presos o en el exilio. La instalación de los nuevos diputados este 5 de enero, más allá de los cuestionamientos nacionales e internacionales al 6D, ofrece la oportunidad de acusar de “usurpadores” a los legisladores opositores; asimismo, el cambio de gobierno en Estados Unidos y las dudas de Europa sobre reconocer a Guaidó también son elementos nuevos, que debilitan la postura del dirigente opositor, quien además es cuestionado por antiguos aliados como Henrique Capriles y María Corina Machado.
“Lo que sucede en un proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición está condicionado, no por lo bien que las partes lo hagan en la mesa, sino por lo que está sucediendo fuera de esta”. Benigno Alarcón, director del CEPyG UCAB.
Para Alarcón, la estrategia del Gobierno se orienta a intentar que sea el propio Guaidó el que decida salir del país. “Van a tratar de lanzar una amenaza lo suficientemente creíble para que Guaidó salga. Hay una posibilidad alta de que si Guaidó no se va lo apresen, el Gobierno está acariciando esa posibilidad seriamente, si no logran sacarlo”, indicó.
Durante la semana pasada las acciones del Gobierno parecieron guiadas por este propósito. El lunes 28 de diciembre el propio Maduro, en un discurso frente a la Fuerza Armada Nacional (FAN), dijo que “se acabó la guachafita”, en alusión a los diputados que prorrogaron el funcionamiento de la AN. “No me temblará el pulso para actuar de acuerdo a la justicia y la ley”, advirtió.
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