Los habitantes de La Vega continúan viviendo bajo la zozobra de las lluvias de balas y los espasmódicos operativos policiales que no dan resultados concretos. Mientras, la ampliación de las zonas sin ley se extiende por la capital de la República y la bancada de la dictadura se niega a debatir el tema en la Asamblea Nacional madurista.
Zulvyn Díaz | José Luís Carrillo | Tal Cual
Los episodios de violencia ocurridos en La Vega desde los primeros días de 2021, han sembrado el terror y a la zozobra por las lluvias de balas provocadas por los enfrentamientos entre bandas criminales o entre éstas y efectivos policiales, y que caen en casas, calles y callejones de esta azotada parroquia. Muchos de esos proyectiles rompen más que solo vidrios, techos, puertas y ventanas: rompen sueños, siegan vidas, separan familias y crean traumas.
Para quienes son ajenos a esta comunidad la realidad actual de la parroquia es sinónimo de peligro, inseguridad y muerte. El recuerdo de los 23 asesinatos ocurridos en enero de este 2021 viene a la mente de inmediato, mientras que para quienes allí viven es todo eso también, pero con el agravante de que es su hogar, el lugar en el que crecieron, estudian y trabajan.
Pese al horror que significa quedarse, la mayoría de los habitantes de La Vega permanece en la zona, aunque continuar viviendo allí sea considerado una sentencia de muerte o se asuma como una especie de lotería. Mientras, la sociedad en general anhela que el Estado ponga fin a la situación de violencia, ya que el peligro no es solo para quienes viven allí, sino para quienes deben pasar por las zonas cercanas y pudieran hacerlo en el momento de una balacera, además del riesgo latente de que el control por parte de las bandas criminales continúe extendiéndose por otras zonas.
La Vega bajo fuego
Con 48 horas de diferencia, los habitantes de La Vega fueron sometidos a dos balaceras que juntas suman 16 horas de tiroteos continuos en el mes de junio. La primera fue el sábado 12, cuando funcionarios policiales tomaron la parroquia durante un operativo que tenía como objetivo, según la versión oficial, localizar a miembros de las bandas armadas que mantienen en jaque a la comunidad. La otra inició la madrugada del lunes 14, cuando integrantes de organizaciones criminales arremetieron a tiros contra los funcionarios policiales desde la parte alta de la zona.
Los disparos y detonaciones de alto calibre se extendieron por al menos 12 horas, según vecinos de varios sectores. Al menos cuatro personas murieron ese día, cuando fueron alcanzadas por balas perdidas. Se trata de una situación que tiene implicaciones en lo político, lo social y lo psicológico, sin que las autoridades hasta ahora desarrollen una acción integral para enfrentarla.
Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap y del Servicio de Atención Psicológica de esa institución, señala que la exposición continua a situaciones de violencia, riesgo de muerte inminente y presencia de grupos irregulares armados urbanos o rurales, constituye una amenaza para la salud mental, “sobre todo porque la violencia no solo nos afecta cuando nos toca directamente, sino que también produce daño cuando somos testigo de ella”, sostiene.
Asegura que La Vega es una población que está sumamente afectada debido a una realidad que no puede enfrentar por falta de herramientas necesarias, lo que deja a la población en una situación de vulnerabilidad.
Nervios y llanto en La Vega
“Ese día (12 de junio) regresé de mi trabajo a las 8:00 am, porque soy vigilante. Pensé en descansar un poco para luego salir a comprar comida, pero ni siquiera pude salir de mi cuarto por el plomo constante”, relata un hombre que reside en la parroquia desde hace 43 años y que prefiere identificarse como don Guillermo por temor a represalias.
Detalla que desde abril los tiroteos en la zona han sido más fuertes y constantes. “De tiros eventuales pasaron a ráfagas de hasta una hora. También dejaron de ser esporádicos para ser casi a diario y hasta dos veces al día”, manifiesta don Guillermo y agrega que, desde entonces, su hija y una nieta de 7 años tuvieron que cambiar temporalmente de hogar, debido a los nervios y el llanto constante de la niña por las detonaciones.
Aunque celebró la incursión policial, don Guillermo señala que “la información del operativo se tuvo que haber filtrado. De otra manera no se explica que la policía llegara al sitio y ya el hampa se había ido”, sostiene.
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