El régimen de Nicolás Maduro presentó este miércoles en la Asamblea chavista, un proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, con el objetivo de atraer inversiones nacionales e internacionales y «activar los resortes productivos y exportadores contemplados en los planes del Estado».
EFE
El proyecto, presentado por el viceministro para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de la dictadura de Maduro, Juan Arias, ante la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico promueve una ley prevista en el Plan Legislativo Nacional 2021, que contempla 35 acciones «prioritarias para la nación», según explicó el funcionario.
Arias explicó que el documento es «el fruto de casi dos años de labor en el viceministerio y de más de 30 mesas de trabajo con los miembros de los Consejos de Gestión de seis Zonas Económicas Especiales ya decretadas en el país (en Cojedes, Falcón, Lara, Miranda y Táchira)».
Agregó que en las tareas de elaboración del proyecto también participaron representantes de diversos ministerios, gobernaciones, alcaldías, asociaciones empresariales y expertos académicos de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENHAP).
Según el viceministro, el plan tuvo buena acogida por parte de representantes empresariales, como el vicepresidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeños y Medianos Empresarios del estado Sucre, Rafael Bianco, o el profesor Julio Carrazana, de la ENHAP.
Ambos coincidieron en que la pronta promulgación «contribuirá a generar confianza y seguridad jurídica» en el empresariado nacional e internacional, «superar ineficiencias estructurales y mejorar las condiciones de vida» en el país.
Hasta ahora se desconocen detalles del proyecto de ley, estimaciones de cuándo sería discutido en el pleno, de contundente mayoría oficialista, y el alcance e impacto que tendrán sus artículos en la actividad económica nacional.
También con el objetivo de atraer inversión, fue aprobada, el pasado octubre, la Ley Antibloqueo, que otorga a Nicolás Maduro el poder desoír, bajo confidencialidad, normas legales para hacer frente a las sanciones económicas impuestas a su Gobierno y sortear los bloqueos que impiden a inversores extranjeros instalarse en el país.
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