El retardo procesal no es nada nuevo en Venezuela. Aunque expertos reconocen que no es responsabilidad exclusiva del régimen, señalan que son muchas las razones por las que el sistema de justicia venezolano no actúa con eficacia.
Presos de la policía del municipio Ambrosio Plaza (Poliplaza), en el estado Miranda, se cosieron la boca para protestar contra el retardo procesal y exigir traslado a cárceles. En la sede hay 37 detenidos en lista de espera para traslado porque ya tienen sentencia, mientras que otros tienen hasta siete años en este recinto con el proceso estancado, pese a que no deberían permanecer más de 48 horas después de su detención.
La protesta en la sede policial del estado Miranda fue denunciada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). A través de Twitter, la organización no gubernamental dijo que en el recinto sobreviven 120 reclusos, distribuidos en cuatro calabozos.
Lo denunciado por el OVP es solo la punta del iceberg de lo que en la última década familiares de detenidos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos no han parado de poner a luz: las grandes fallas del sistema de justicia venezolano.
El retardo procesal no es un tema nuevo, aunque voceros de la dictadura de Nicolás Maduro ahora lo denuncien con alharaca, tal y como si se tratase del descubrimiento del agua tibia y como si no tuviesen responsabilidad en el asunto.
Según la ONG Una Ventana a la Libertad, la población penitenciaria del país es de unos 110.000 reclusos, de los cuales 65.000 se encuentran en centros de detención preventiva o calabozos policiales, pero el chavismo parece no haberse dado cuenta de ni cuándo ni cómo esas cifras fueron subiendo como la espuma.
En sus narices
“El retardo procesal siempre ha existido en Venezuela y aunque no es algo por lo que le podamos echar toda la culpa a este gobierno, no podemos dejar de reconocer que esto ha aumentado en los últimos 20 años”, asevera a TalCual el director general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto.
Tras años de denuncias, Maduro parece haberse dado por enterado de la situación de las cárceles y de lo lerdo que puede ser el sistema de justicia. El propio mandatario anunció el 21 de junio una «revolución» del sistema de justicia nacional, que tendrá como objetivo atender los problemas severos de hacinamiento y de retardo procesal que se han profundizado en sus narices.
Días antes del anuncio de Maduro, los diputados Pedro Carreño e Iris Varela (ministra de Asuntos Penitenciarios en los períodos 2011 – 2017 y 2018 – 2019) denunciaron la existencia de esta figura en el sistema judicial.
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