«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», dijo el filósofo romano Seneca y es la célebre frase que retumba entre los venezolanos, indefensos con el sinsabor de un sistema judicial caracterizado por el retardo procesal y con el clamor de no perder la esperanza de la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). Especialistas denuncian que no se respetan los lapsos y la anarquía nubla los derechos humanos, jugando al cansancio de las víctimas en procura de sentencias.
Guiomar López | La Prensa de Lara
La espera que puede empezar por las notificaciones luego de varios meses, la audiencia preliminar a más de 45 días y las fases de un juicio tan incierto en el tiempo, es el panorama que solo deja a las expectativas y a riesgo de la resignación de quienes se cansaron de tanto exigir justicia, más aún cuando se depende de la defensa pública por no poder costear los honorarios profesionales de un abogado.
No hay avances de la manera en que debería ser, es la apreciación de Manuel Virgüez desde la organización Movimiento Vinotinto en defensa de los derechos humanos, porque se siguen esperando por determinar responsabilidades. Señala la opacidad que ronda la falta de información a la que se enfrentan los defensores y familiares de víctimas.
«Se habla de impunidad y lo hemos vivido, sabiendo que de los asesinatos en las protestas nacionales con 90% de impunidad», rezonga de un Estado que poco se interesa por agilizar el sistema judicial y la falta de respeto por el dolor de familias que perdieron a parientes y siguen esperando por el peso de la ley contra los responsables de estos hechos.
Están conscientes que el proceso es largo para el reconocimiento y apego a la CPI, pero solo aspiran que la demora no tenga la recarga por otra connotación y los casos sean sometidos a la imparcialidad. «Se esperan los tiempos de la instancia internacional, pero confiados en lograr la justicia», señala Virgüez, frente a esa demostración de una cadena de mando, con alguna conexión al gobierno. No se trata de conformarse con la identificación del brazo ejecutor, sino trascender hacia la autoría intelectual.
¿Qué pasará?
Para el abogado y también miembro de Movimiento Vinotinto, Henderson Maldonado, se tienen las expectativas ante la CPI, que ya concluyó el examen preliminar y la fase de investigación es todo un proceso inédito para Venezuela. «Todos nos preguntamos: ¿Qué va a pasar?», refiere de esa necesidad de respuestas que no han tenido por parte del Estado.
También se detiene en que desde el gobierno se desea dar a entender que existe una correspondencia y «presume estar apurado». Pero se cuestionan las investigaciones, al tener casos de 2.017 que han sido reaperturados . «Se saben de algunos casos en Lara, donde han designado fiscales de competencia nacional que hurgan en las experticias necesarias desde balísticas, antropométrica y reconstrucción de los hechos», refiere de esas fiscalías con informes que no han sido entregados a tiempo, algunos con periodos vencidos.
Precisa la recarga por retardo, con más fuerza al estar factores ligados al gobierno. «Son funcionarios que cumplen directrices del Estado y casi directamente del Ejecutivo nacional, que se deslindan de la protección de la nación», lamenta y lo asocia al caso de la profesora Janeth Ángulo (55), asesinada en julio de 2017 durante una protesta en El Tocuyo. Su juicio fue absolutorio, pero se logró otra apertura de juicio.
Entre tanto formalismo se va mucho tiempo e incluso personas se mueren a la espera de la justicia. Una preocupación del politólogo Radamés Graterol, sobre el «formalismo» sin respuestas oportunas. «Así como se simplifican algunos procesos, el sistema judicial debería tener celeridad», recuerda de funcionarios militares que no fueron sancionados por sus responsabilidades entre las víctimas de las protestas en contra del gobierno nacional.
«Tenemos victorias sin ser resarcidas, con víctimas en las que el tiempo pasa generando un estado de indefensión, omisión y autocensura por la resignación», lamenta y recuerda que es más limitado en aquellos llevados por la defensa pública, sabiendo que genera más demanda hacia fiscales o jueces.
El costo puede ser muy alto, con la impunidad galopante y refiere que «cuando tenemos un Estado forajido, no hay fuerza superior internacional que lo obligue a responder e ir más allá de sanciones personales». Identifica a la mayoría de denuncias por atropellos a la administración pública, perdidas frente a la omisión. «Es sentir a un Estado que abarca todo, como un monstruo o serpiente de varias cabezas. Te sientes solo y callas», precisa de un silencio que carcome a la población en su reclamo por los derechos humanos.
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