El exguerrillero de la Farc se convirtió en uno de los primeros disidentes del Acuerdo de Paz, después de un complejo proceso judicial. Esta es la historia.
La fuga de Jesús Santrich fue una de las principales derrotas del Acuerdo de Paz. Su controvertida personalidad, sus amenazas, sus videos desde el monte y sus llamados al caos se convirtieron en el espejo más oscuro del quizás principal tropiezo del acuerdo de paz. Desde que el país tuvo referencia del guerrillero de pañoleta y gafas oscuras, su personalidad sinuosa se asomó.
Durante las conversaciones de La Habana, ante la pregunta de si pediría perdón a las víctimas, canturreó el cínico “Quizás, quizás, quizás…”. Después, ya firmada la paz, aseguró, reiteradamente, que nunca renunciaría al derecho a la rebelión. Cuando se posesionó en el Congreso se comprometió a cumplir y defender la Constitución y las leyes, juramentó con la mano izquierda en alto, y de ahí salió para la Corte Suprema y luego para la JEP a prometer que no se volaría. Hizo exactamente lo contrario.
La escabullida nocturna de Santrich –por una ventana en la trastienda y una trocha– no causó tanta sorpresa como repudio. El guerrillero dejó colgado de la brocha a todo el mundo, empezando por sus abogados, pasando por las víctimas, el partido Farc (y sus más de 13.000 reincorporados), las altas cortes e incluyendo a la comunidad internacional. Unos y otros se la jugaron por el Acuerdo de Paz, e hicieron esfuerzos por rodear de garantías el debido proceso a Santrich, a pesar de sus comentarios cínicos, sus incumplimientos y las graves acusaciones de tráfico de drogas que pesaban sobre él, con nada más y nada menos que un proceso de extradición a cuestas.
Su fuga fue una bofetada al proceso de paz. Por eso, quienes sí han estado firmes del lado de honrar el compromiso reaccionaron con comunicados en los que le pidieron que reapareciera. Eso nunca pasó. Sino todo lo contrario: Santrich se convirtió en un portavoz de las disidencias.
Antes de fugarse, el caso de Santrich había pasado por todas las altas cortes del país. El exlíder guerrillero fue capturado en abril de 2018 y pedido en extradición por supuestamente haber intentado traficar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con intermediación del Cartel de Sinaloa. El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc dejó claro que los guerrilleros gozaban de la garantía de no extradición por los delitos cometidos antes de su firma, es decir, del 1 de diciembre de 2016. En virtud de ello, la JEP es la encargada de determinar si los hechos investigados se pudieron haber cometido antes o después de esa fecha. Para hacer esa tarea, la JEP le pidió a Estados Unidos y a la Fiscalía que le remitieran las pruebas. Ninguno lo hizo. Históricamente, la justicia norteamericana nunca ha enviado las evidencias que comprometen a los colombianos.
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