Mariela Vernet regresaba del exterior el pasado miércoles a buscar las cenizas de su hermana en el apartamento que residió durante más de 40 años, en un edificio ubicado en la avenida Nueva Granada en el centro de Caracas. Con maletas en mano, se percató de que cuatro personas, entre ellos funcionarios policiales, intentaban ingresar a otras viviendas para desalojarlas y posteriormente “adjudicarlas”.
Raylí Luján / La Patilla
Luis Bracho, quien se identificó como fiscal y funcionario de la Alcaldía de Libertador estaba acompañado de una mujer que decía ser su asistente y dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que explicaron a Mariela que se trataba de un proceso autorizado por un decreto gubernamental en base al censo que previamente habían realizado en la propiedad, avalado por el Estado.
El edificio Cuatricentenario así como otros en la zona han estado bajo amenaza de invasión en los últimos años, de acuerdo a denuncias de vecinos. La mayoría de los apartamentos se encuentran siendo habitados por familiares de los propietarios que migraron del país. En el caso de Mariela, una vez que su hermana Sandra falleció, sus sobrinas se mudaron para cuidar la vivienda.
“Nosotros tocamos la puerta, señora, y nadie abrió. Nosotros hacemos esto para ayudarle, tiene que agradecer que lo hacemos así, si no puede ser peor, pueden venir los colectivos y tumbar las puertas con ustedes aquí adentro inclusive y apoderarse del apartamento”, le dijo Bracho a Mariela, quien finalmente firmó un documento que en medio del terror infundido ni alcanzó a revisar.
El apartamento de su hermana ubicado en el piso 3 sería adjudicado automáticamente a un joven que reside en el inmueble desde hace varios años y se encuentra sin vivienda propia. Habría sido igualmente amenazado con ser trasladado a un refugio. “O se lo entrega a él o los colectivos lo tomarán”, fue lo último que Bracho apuntó.
En la sala de la vivienda se observan las cajas con parte de las pertenencias de la familia. Sus sobrinas tomaron la decisión de irse “voluntariamente” luego de lo ocurrido, pese a que reconocen que el documento firmado no tiene validez legal.
Ese mismo día las cerraduras de otros apartamentos ubicados en los pisos 5, 8 y PH fueron forzadas con el mismo argumento. Con mandarrias, los presuntos funcionarios destruyeron las puertas y les indicaron a los habitantes que ellos solo eran “cuidadores” y que por tanto debían desalojar lo más pronto posible.
En una de las viviendas se encontraba una señora mayor con sus dos nietos de 8 y 13 años y aun así no se detuvieron y continuaron con el ingreso forzado. La denuncia fue llevada ante el Ministerio Público y la Lopnna. La abuela de los menores cambió nuevamente la cerradura y logró ingresar a su hogar con la alerta de que los sujetos puedan volver.
Son 12 los inmuebles en riesgo de invasión entre el edificio Cuatricentenario y otro más en los alrededores. Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas aseguró que en al menos 15 zonas del centro de Caracas se encuentran en la misma situación debido a que el 25% de los apartamentos en cada edificio están siendo habitados por familiares de propietarios que se han ido del país.
“Este es el tan famoso plan Ubica Tu Casa, en el cual, colectivos armados aliados a entes del estado como la Alcaldía de Libertador y protegidos por la PNB, desalojan apartamentos y hasta cambian cerraduras como ocurrió en el edificio Cuatricentenario de San Pedro”, dijo Rojas durante una protesta vecinal el viernes.
Insistió en que existen dos factores en común para estos procedimientos irregulares que son llevados a cabo por miembros de consejos comunales, milicianos y colectivos. Uno de ellos es que usualmente son edificios cercanos a instituciones públicas y que en algunos casos, son los vecinos que militan con el gobierno, quienes informan sobre las viviendas desocupadas.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez anunció a principio de mes que se había tomado la decisión de adelantar el Censo Nacional que correspondía realizarse en el año 2021, con el objetivo de coincidir con el inicio del Plan de la Patria.
Menéndez agregó que el censo se realizaría por fases que serían anunciadas al igual que los cronogramas planificados. Sin embargo, el proceso comenzó el 20 de septiembre sin que toda la población estuviese informada al respecto, con la declaración oficial de que las personas que no se registren, no tendrán acceso a los sistemas de información.
Para Rojas y demás habitantes en el centro de Caracas, el censo anunciado por el gobierno solo representa un aval para materializar las amenazas de invasión de la propiedad privada que existen desde años atrás y que han ido aumentando a la par del éxodo migratorio.
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