En su reciente informe, las Naciones Unidas calificó de «patrón» la captura en flagrancia de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, a los que luego imputan calificándolos de terroristas, por encontrar explosivos y armas en allanamientos de dudosa legalidad. Recordamos algunos casos.
Son terroristas», «tenían armas en su poder», «les encontraron explosivos». Esas son algunas de las frases en las que el chavismo encuentra el justificativo fácil para encarcelar opositores y acusarlos de traición. Es lo mismo que aplicaron ayer, 28 de octubre, para acusar a Roland Carreño.
Las armas y explosivos de los «terroristas» los encuentran en allanamientos que rara vez cumplen los rigores legales. A veces se hacen sin orden judicial, con los lugares vacíos, con las personas que viven en ellos aisladas del procedimiento o con todas las anteriores. Estas irregularidades fueron plasmadas en el informe que las Naciones Unidas hizo sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
Estos son algunos casos:
Gilber Caro
A este diputado del partido Voluntad Popular y opositor al gobierno de Nicolás Maduro lo han detenido tres veces, con distintos argumentos. La primera vez, en 2017, el recién estrenado vicepresidente Tarek El Aissami aseguró que Caro llevaba consigo «un fusil automático ligero, 20 cartuchos sin percutar y explosivo plástico (C4)». Y mostró fotos aunque no ninguna otra prueba.
Como se ve en el video, también lo acusaron de narcotraficante, homicida, «pran» de bandas criminales en las cárceles y de liderar terroristas.
Yon Goicoechea
En agosto de 2016, el entonces joven político y organizador del Movimiento Estudiantil Venezolano de 2007, fue apresado acusado de poseer «cordones detonantes» para explosivos. La información la dio el entonces primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
En junio de 2017, la misma Fiscalía General de la República, afecta al chavismo, pidió su excarcelación.
En realidad, se le había expedido una boleta de liberación en enero de 2017, pero la policía política de Nicolás Maduro se negó a cumplirla.
Roberto Marrero
A este abogado de confianza de Leopoldo López y Juan Guaidó lo apresaron en marzo de 2019. En esa oportunidad le tocó a Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicaciones, imputarlo como parte de «células terroristas».
Aunque en esa oportunidad no se habló de explosivos, el funcionario del gobierno de Maduro sí dijo que «se prepararon entre ocho y diez equipos de mercenarios», para «asesinar a líderes chavistas, sabotear el metro y el teleférico de Caracas (…), provocar una huelga general (…) y finalmente asaltar Miraflores».
Para leer la nota completa, pulsa aquí
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.