Para lograr una mejora en el saneamiento, manejo adecuado de recursos hídricos y expandir el acceso al agua potable, no solo a nivel nacional, sino regional, es necesario que se aporte el 1.3% del producto interno bruto (PIB) del continente anualmente, desde este año a 2030, sostiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Por María de los Ángeles Graterol / Tal Cual
América Latina tiene el 31% de las fuentes de agua potable en el mundo y cuenta con una dotación de agua por habitante, cuatro veces mayor al promedio regional. Sin embargo, la escasez del líquido se agrava cada vez más y la distribución no homogénea de la población influye en ello. Lograr abastecer a los 166 millones de personas de la región que no tienen acceso al agua antes de 2030 —el plazo fijado en la Agenda de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible— parece cuesta arriba.
La inversión en tecnología desalinizadora ha sido clave en países como Chile que, según el World Institute Resources, está entre los 30 territorios del mundo con más posibilidades de sufrir estrés hídrico en 2040.
Según el Ministerio de Obras Públicas chileno, ya se producen 5.570 litros de agua por segundo a partir de agua de mar, con 24 plantas desaladoras operativas y otros 22 proyectos en ejecución, gestionados a través de la Mesa Nacional de Agua, una instancia gubernamental que busca soluciones a mediano y largo plazo a la escasez de agua.
Una sola de ellas, la del desierto de Atacama, abastece a 220.000 personas de esa región, el 75% de la población local, y además se nutre de energía solar.
México, además de Brasil, es una país líder en la instalación de centrales desoladoras. Al norte del continente, por ejemplo, dan tratamiento a aguas residuales en 1.360 plantas que construyeron para ello, llegando a reutilizar hasta 5.051 millones de m³ del líquido en agricultura.
Es de hecho en esa nación que se encuentra la mayor planta de Latinoamérica para tratar estas aguas, en Atotonilco, que puede purificar 35 m³ por segundo, de acuerdo con un informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
En Venezuela —donde al menos 3 de cada 10 personas han estado sometidas a racionamientos de agua corriente por órdenes gubernamentales— no se aplica ninguno de los dos sistemas anteriormente nombrados.
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Nicola Ceci, director de la ONG Enviro-Water Soluciones Ambientales, dijo a TalCual que el país tiene un alto potencial para desarrollar plantas desalinizadoras en zonas costeras como Paraguaná, Margarita, La Guaira o Los Roques, pero aún no hay ninguna. En estas regiones, por su situación geográfica, la implementación de este sistema es más económica «que acoplarla a una fuente superficial segura».
Señaló que se deberían desarrollar estudios de factibilidad técnica, tomando en cuenta el impacto ambiental que generarían y las «dinámicas humanas» que existen en esos poblados.
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