Venezuela reprobó en materia de promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad Lgbti. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamamientos al Estado para que atienda -entre otras cosas- sus derechos civiles. Pero la única bandera que el país puede izar en cuanto a este tema es la de la inacción. La legalización del matrimonio igualitario, el reconocimiento de las familias homoparentales son temas que siguen relegados de discusiones legislativas, porque hay otros «más importantes» que atender.
Por: María De Los Ángeles Graterol / Tal Cual
Ese fue el punto de coincidencia de los tres ponentes que participaron en el foro de TalCual «Venezuela: ¿Medalla de cartón en defensa de derechos de la comunidad Lgbti? Jau Ramírez, activista y fundador de la ONG Movimiento Somos, afirmó que para aquellos que no pertenecen al colectivo, los derechos de los gays no son prioridad, pero sí lo son para quienes viven en carne propia las consecuencias de hacer vida en un territorio en donde sus derechos no se reconocen.
Desde los curules, quienes tienen el poder han construido un discurso poético en torno a la comunidad que sólo se queda en palabras. La protección a las víctimas de este tipo de actividades violentas es inexistente. Los tres asesinatos de miembros de la comunidad – una pareja gay y una mujer trans – ocurridos este 15 de junio, en pleno mes del orgullo gay, son una muestra de ello.
«La anulación de nuestros derechos es trasversal. Yo te voy a dar derecho en las elecciones, dicen, pero ningún político dentro de la Asamblea va a hacer un cambio. Hay que ver cómo ellos implementan los derechos. Cuando veamos una Asamblea que debate el matrimonio igualitario, como lo hizo la de Uruguay y el congreso de Argentina y España, y no un títeres burlándose, entonces podemos hablar de otras cosas», comentó al respecto Ana Margarita Rojas, cofundadora de Reflejos de Venezuela, una fundación que vela por los DDHH de los homosexuales.
Hacer activismos con las uñas
Los avances sociales que se han tenido respecto a este tema, no han sido por el Estado y las instituciones públicas, sino a pesar de ellos. Los espacios seguros construidos son por mérito del ejercicio de resistencia de la sociedad Lgbti, porque, tal y como afirmó Ramírez, en Venezuela el activismo se hace con las uñas. Y se preguntarán ¿por qué? Pero más allá de las carencias comunes que todos enfrentan, en el país las ONG que abogan por la comunidad ni siquiera pueden registrarse legalmente.
«A nosotros nos dicen que tenemos la agenda gay, que es una ideología barata de género, y no es más que la promoción de nuestros derechos. Venezuela es un gran gris porque no hay derecho a hacer activismo libremente. Desde 2009 no hemos ido a marchas de orgullo por amenazas», comentó Rojas sobre su experiencia, al tiempo en que contaba que por razones como esas al menos 15 activistas Lgbti han tenido que salir forzosamente del país.
También familias homoparentales se han visto obligadas a migrar al exterior. Sin embargo, también existe un fenómeno migratorio interno que, de acuerdo con lo que explicó el también fundador del Centro Comunitario Lgbti, involucra a las grandes ciudades de la nación.
«Hay gente de la comunidad que migra de un estado a otro, ocurrió durante muchos meses, pero ya se ha reducido. Sobretodo los que viven en las regiones han tenido que migrar a ciudades para tener libertades civiles y tener el derecho a tener una pareja y plenitud de su vida sexual «, explicó.
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