Las relaciones entre España y Venezuela se encuentran actualmente en uno de sus momentos más tensos. El llamado del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, de romper “todas las relaciones” con el país europeo sumaron más tensión.
Más allá del aspecto económico, pues hay millones de dólares y euros en juego si existe esa ruptura, hay temor de que se produzcan una grave crisis en lo social, recordando que ambos países mantienen históricas relaciones desde tiempos de antes y luego de la Independencia.
A nivel migratorio, España es el séptimo país con más venezolanos emigrados. Un dato que toma especial relevancia cuando se sitúa en contexto. De acuerdo el portal Statista, en 2023 había 438.380 venezolanos legalmente establecidos, lo que convierte a España en la gran nación receptora del Viejo Continente, con enorme diferencia, y uno de los puntales de refugio del incesante éxodo poblacional.
En el lado opuesto, son 138.394 los españoles establecidos en Venezuela, como recogen los últimos datos de la Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE).
Tanto el Gobierno de España como la oposición de ese país han restado fuego a esa noticia con diferentes declaraciones. La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, aseguró esta semana que la embajada de España en Venezuela está “trabajando con absoluta normalidad”.
La portavoz del Gobierno recordó que el “interés” del Gobierno de Pedro Sánchez “va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al Gobierno de España”.
El temor de los españoles en Venezuela
Desde esas declaraciones de Jorge Rodríguez, cientos de migrantes o descendientes de españoles en Venezuela han acudido en masa a las distintas sedes consulares de ese país, especialmente la de Caracas, para informarse o tratar de acelerar trámites allí pendientes, como solicitudes de pasaportes, cartas consulares, apostillas, fe de vida, documentos de pensiones y más.
Existe desde 2019 un Real Decreto, suscrito por el Gobierno español, que dotó de más de tres millones de euros anuales, destinados a dar cobertura a la colectividad de ciudadanos españoles residentes en Venezuela en situación de vulnerabilidad, algo que a muchas de estas personas preocupa, en el caso de que pudiera verse suspendido.
La subvención de este Real Decreto se concede de forma directa a la Fundación España Salud para el desarrollo de programas sanitarios y sociales. Además, incluye la concesión de ayudas individuales directas para la atención en asilos privados de personas mayores y/o dependientes para el pago de las cuotas de ingresos en dichas instituciones de acogida de carácter privado.
La Fundación España Salud fue creada por el Ministerio de Salud español en 2006 y tiene por objeto prestar atención sanitaria médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles, beneficiarios de pensiones del sistema español de protección social y de ayudas por incapacidad, sin perjuicio de que su acción se extienda a todos los miembros de la colectividad española, contemplando también la asistencia sociosanitaria, incluyendo la dependencia. Además del Ministerio forman parte de su Consejo de Administración las CCAA de Asturias, Canarias y Galicia desde su inicio.
Actualmente dicha Fundación presta la asistencia sanitaria, mediante convenios suscritos con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para los beneficiarios de la Prestación económica por razón de necesidad, y de las prestaciones establecidas mediante Ley 3/2005, para los “Niños de la guerra”.
Casos consulares
De cumplirse la petición del presidente de la Asamblea, podría impactar de diferentes maneras al país, a la población, a los españoles en territorio venezolano y a los ciudadanos venezolanos en territorio español.
De acuerdo con casos de conflicto diplomático entre dos países, si no se cumple a cabalidad la petición de Rodríguez, posiblemente se reduzca la representación diplomática a Encargado de Negocios, un cargo de menor rango al de embajador.
Sin embargo, según expertos, esto no significaría romper relaciones, aunque sí sería algo previo a ello.
“Ese rompimiento nos puede dificultar muchísimas cosas. No creo que sea una buena decisión esto”, dijo a la Voz de América Sofía Villegas, de 23 años y estudiante universitaria, que estaba en las cercanías de la sede del consulado en la urbanización La Castellana, a la espera de retirar su pasaporte.
En su caso, teme por la suspensión de convenios para estudiar o trabajar.
Doris Rodríguez, hispanovenezolana, afirmó que serán “los ciudadanos los que nos vemos más afectados” de concretarse la pretensión.
“Eso nos interfiere en muchos de nuestros planes, proyectos, viajar a España (…) Este tipo de acciones no deberían ser (…) así no debería actuar un gobierno”, siguió tras asegurar que de concretarse la medida sería “arbitraria”.
Unos 137.000 españoles viven en Venezuela, según un informe del Instituto de Estadística español que fue publicado en 2023.
Conexión aérea
De concretarse la propuesta de Rodríguez, la ya limitada conectividad aérea de Venezuela enfrentaría otro golpe.
“España, junto a Colombia, es el país que más conexiones aéreas tiene con Venezuela”, a través de dos aerolíneas venezolanas y tres españolas, escribió el abogado aeronáutico venezolano Rodolfo Ruiz, en la red social X.
La medida afectaría a varias aerolíneas que operan entre ambos países, como Estelar, Plus Ultra, Iberia, Turkish Airlines, TAP Air Portugal y Conviasa, entre otras.
Ya en julio Caracas suspendió los vuelos desde y hacia Panamá, República Dominicana y Perú. La decisión restó 95 vuelos semanales, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
Los precios de otros boletos para las rutas disponibles se dispararon.
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