La tortura contra los militares disidentes no paró en cuarentena, pues más bien se incrementaron los maltratos con la prohibición de las visitas familiares. Según Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, los uniformados llevan cuatro meses sin ver a sus seres queridos.
La también abogada detalló que se trata de una medida arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que está causando daños psicológicos a quienes permanecen tras las rejas por razones estrictamente políticas.
«Desde el inicio de la cuarentena decretada en el país hemos hecho eco desde Justicia Venezolana, del llamado de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet; exhortando al Estado venezolano a otorgar medidas cautelares que permitan que estos funcionarios sean puestos a resguardos con sus familias en sus hogares. Hasta ahora solo han recibido más aislamiento», destacó en una nota de prensa.
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Camejo precisó que con estas medidas, que calificó como violatorias de derechos humanos, se incumple con los establecido en la Constitución, en el Código Orgánico Penitenciario y tratados internacionales como las Reglas Nelsón Mandela de la ONU; entre las cuales incluyen la obligatoriedad de visitas a los detenidos.
Camejo enfatizó que hay uniformados privados de libertad en delicado estado de salud a quienes urge atención médica y otros a los que el aislamiento está afectando emocionalmente.
Nota de prensa
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