La decisión de restablecer el paso fue tomada por las comunidades luego de una reunión en la que participó el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano. “Por ahora” el galpón en disputa quedará bajo la potestad de la Gobernación y la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Durante la tarde de este lunes fue restablecido el paso por la troncal 10, luego de la protesta que durante cinco días realizaron comunidades indígenas que habitan entre el kilómetro 72 y el kilómetro 86, en el municipio Sifontes al sur del estado Bolívar, tras la arremetida de un grupo armado que dejó a tres indígenas heridos.
El conflicto se debió a la decisión de las comunidades indígenas Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Hoboshirima de ocupar un galpón abandonado, ubicado en tierras de la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, específicamente en una zona conocida como Tierra Blanca, a dos kilómetros del kilómetro 88 y Las Claritas. El grupo armado que controla las localidades mineras intentó ocuparlo antes por su ubicación estratégica en la troncal 10 y en la vía de acceso a un yacimiento minero, y se generó el enfrentamiento.
En protesta, las comunidades indígenas cerraron la vía que comunica con Brasil para pedir la presencia del alto mando militar y una comisión mixta que esclareciera los límites de los territorios indígenas y velara por el respeto a sus derechos.
Aunque aún no se conocen con detalle los acuerdos alcanzados en la reunión con autoridades militares y el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, y su posición con respecto a la actuación de los grupos armados, conocidos como sindicatos, la minuta de la reunión realizada por la Guardia Nacional Bolivariana indica que “por ahora” el galpón en disputa quedará bajo la potestad de la Gobernación y la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La minuta recoge, además, que se establecieron mesas de trabajo con las diferentes instituciones estatales presentes, “con la finalidad de garantizar la protección social de las comunidades indígenas del sector Cuyuní, municipio Sifontes del estado Bolívar”; y se buscó un “mecanismo consensuado” para levantar el cierre de vía de manera inmediata, con la finalidad de volver al normal desenvolvimiento del tránsito en la troncal 10.
“Las comunidades indígenas, una vez atendidas sus peticiones por las autoridades del Estado, tomaron la decisión de aperturar la vía troncal 10”, precisa textualmente el escrito.
En la reunión participaron Julmer Ochoa, comandante de la ZODI Bolívar; Manuel Gil, fiscal superior de Bolívar; Zoraiza Rondón, defensora del Pueblo en Bolívar; Vicente Rojas, alcalde de Sifontes; María Yánez, diputada de la Asamblea Nacional y autoridad única de los Pueblos Indígenas; Alberto Aray, diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar; Álvaro Fernández, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar; Luis Miranda, capitán general indígena del sector Cuyuní 4 y los capitanes comunitarios de las 22 comunidades indígenas.
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