Más de 6 millones de personas han migrado de Venezuela, de acuerdo con la última actualización de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) el 8 de febrero de 2022.
Colombia es el país donde más venezolanos residen dentro de sus fronteras. Acnur estima que al menos 1.842.390 de ciudadanos están en la vecina nación.
Un reportaje publicado por El Tiempo señala que en Colombia existen 4.251 menores a la espera de ser adoptados, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ese número fuese mayor si se pudiera incluir a los menores de edad venezolanos, quienes no tienen la posibilidad de optar por la adopción, debido a impedimentos en la regulación actual.
Desde que se publicó la Ley 1997 de 2019 todos los menores que hayan nacido en territorio colombiano pero que sean hijos de migrantes venezolanos tienen derecho a su registro civil.
No obstante, esa ordenanza deja por fuera a los miles de menores de edad que ya han sido reconocidos como venezolanos, pero en la actualidad se encuentran en Colombia y, por esa situación de vulnerabilidad, cumplen con las condiciones para ser admitidos en un programa de adopción, así como los niños nacidos luego de esa fecha.
De los casi dos millones de venezolanos en el vecino país, al menos 420.000 serían menores de edad, de acuerdo con las más recientes cifras de Migración Colombia.
Muchos de esos menores de edad llegaron a Colombia por su cuenta, con sus padres todavía viviendo en Venezuela. A su vez, otros han sido víctimas de todo tipo de vulneración de sus derechos.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, existían al menos 3.643 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos activos de niñas y niños migrantes venezolanos, que han sufrido de vulneraciones como maltrato físico, psicológico, explotación laboral, violencia sexual, entre otros, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
A pesar de que no se sabe cuántos de ellos cumplen las condiciones para ser adoptados, Fernando Alvarado, abogado especialista en protección de la niñez, señala que esos casos son muy frecuentes: “De ser colombianos estarían en la lista de espera de adopción. Sin embargo, hay varias limitaciones, que pasan por la regulación internacional, así como por los vacíos jurídicos que impiden que den inicio a este proceso”.
El Tiempo indica que el principal problema es que no tienen registro civil, una nacionalidad colombiana. Alvarado resalta que la ley no cuenta con facultades para atender esos casos. Al mismo tiempo, Lina María Arbeláez, directora del ICBF, reconoce que no es posible devolverlos a Venezuela por los problemas sociales e institucionales que allí persisten.
“A esto sumemos que ni se pueden dar en adopción en Colombia ni repatriar, porque la política del Gobierno ha sido darles apoyo, pero también porque las relaciones entre ambas naciones están rotas”, explicó Alvarado.
Aunado a ello, antes de cualquier proceso de adopción, el ICBF tiene la obligación de contactar a las familias de los menores para comprobar que no exista nadie que se haga responsable de ellos. Pero sin relaciones bilaterales o con los padres en territorio colombiano siendo los mismos victimarios, eso no es posible.
Hay una tutela que se encuentra en proceso en la Corte Constitucional que podría ofrecer una solución a ese problema, dependiendo de lo que resuelva el alto tribunal. Se trata del expediente T-8.292.286, el cual presenta el caso de un menor que no pudo ser puesto en adopción por la ausencia de una nacionalidad colombiana.
La tutela, interpuesta por una defensora de familia del ICBF, surgió después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se rehusó a otorgarle la nacionalidad colombiana a un menor venezolano que fue abandonado por su madre, y por lo tanto no se puede adoptar.
“Existe un vacío legal para dar en adopción al menor de edad, puesto que no es colombiano. Por ende, ningún defensor de familia o juez puede pronunciarse sobre su adopción”, cita el expediente de la Cancillería.
La entidad también resalta que “el ordenamiento jurídico actual no ofrece las herramientas necesarias para proteger a los niños extranjeros que no tienen una nacionalidad (en este caso colombiana) y, sin embargo, han sido abandonados en Colombia”.
Ante ello, la magistrada Gloria Stella Ortiz instó a la Corte a pronunciarse sobre el asunto, porque “existen escenarios en los que los derechos prevalentes de los niños venezolanos son vulnerados o amenazados y, al parecer, el ordenamiento jurídico colombiano no ofrece las herramientas necesarias para protegerlos”.
Se espera que en los próximos meses se conozca la decisión de la Corte ante esa tutela, que en caso de ser favorable, podría representar un paso trascendental no solo para facilitar la adopción de esos menores, sino, dale la nacionalidad colombiana a esos migrantes que no tienen la mayoría de edad.
La directora del ICBF considera que no existe un “vacío legal” en Colombia sobre estos casos, sino que se trata de “una situación que se deriva de lo que sucede en el país vecino, donde muchas familias envían a los niños para tratar de que subsistan”.
“Nuestro objetivo es brindarles toda nuestra capacidad institucional. Por otro lado, no podemos devolverlos a su país porque no tenemos la constancia de que no serán revictimizados por la misma problemática que atraviesa la nación”, dijo Arbeláez.
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