La familia de Fernando Albán demandó a Nicolás Maduro en un tribunal de Miami por «daños y prejuicios» por la muerte concejal de Primero Justicia, quien estaba bajo custodia del Estado venezolano.
Por El Nuevo Herald | Antonio María Delgado
Esta acción también incluye a los más cercanos colaboradores del régimen por «encabezar una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos».
El recurso legal intenta hacer uso de la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO por sus siglas en inglés) que ha sido utilizada con éxito para enjuiciar a las altas figuras del crimen organizado. El instrumento también puede ser usado en demandas civiles, pero uno de los mayores obstáculos en casos como el de Albán es demostrar que cae bajo la jurisdicción estadounidense, dijeron abogados consultados.
En la demanda introducida en febrero en la corte federal de Miami, la viuda de Albán, Meudy Albán Osio, y sus hijos exigen el pago de compensación no especificada contra los demandados, entre los que también figura el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal General Tarek Saab y el ministro de Electricidad y antiguo ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol.
El recurso legal también fue presentado en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al denominado Cartel de Los Soles, agrupaciones que la familia de Albán acusa de conformar conjuntamente con Maduro y sus lugares tenientes una sociedad criminal que hace uso recurrente de la tortura y de los asesinatos para proteger y encubrir sus presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.
El Nuevo Herald no recibió respuestas a correos electrónicos enviados a la oficina de la presidencia de Venezuela, el ministerio de Defensa y al ministerio de Información solicitando reacciones sobre el caso.
La familia de Albán también declinó brindar declaraciones. En un mensaje escrito, su abogado, Jaime Guttman señaló que los documentos de la corte hablan por sí mismo y que los familiares han sido traumatizados. “No tienen planes de hablar con periodistas en este momento”.
Los alegatos de la demanda descansan en parte sobre acusaciones y pronunciamientos previamente realizados por fiscales y autoridades estadounidenses, así como organizaciones multilaterales y por organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos.
Albán había sido detenido por el Sebin el pasado 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando llegaba de Nueva York tras participar en la Asamblea General de la ONU.
Tres días después, el concejal murió misteriosamente en la sede del cuerpo de inteligencia chavista, en un evento que el chavismo calificó como un suicidio.
“El concejal pidió ir al baño y, mientras estaba allí, se lanzó al vacío desde el décimo piso”, declaró el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab.
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