Este martes, la dictadura de Nicolás Maduro, por medio de su contralor general, Elvis Amoroso inhabilitó en la a 28 diputados de la Asamblea Nacional elegida en el 2015.
Durante una rueda de prensa, Amoroso aseguró que inhabilitará por un máximo de 15 años, a los parlamentarios que no cumplieron con la Declaración Jurada de Patrimonio. Entre los parlamentarios inhabilitados por la dictadura está el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
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Amoroso detalló que la inhabilitación consiste en imposibilitar a la persona al ejercicio de cualquier cargo público.
Ante esto el Gobierno legítimo de Venezuela, denunció el nuevo ataque de la dictadura de Maduro, «contra la democracia y la institucionalidad del país mediante una supuesta inhabilitación para ejercer cargos públicos por un lapso de 15 años».
«Esta nueva acción contra el Presidente Guaidó y contra nuestros Diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela y nos ayuda a recordar el por qué emprendimos la lucha por elecciones libres para nuestro país», reza parte del comunicado.
A continuación el comunicado íntegro:
El Gobierno Legítimo de la República Bolivariana Bolivariana de Venezuela denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la nueva afrenta de la dictadura de Nicolás Maduro contra la democracia y la institucionalidad del país mediante una supuesta inhabilitación para ejercer cargos públicos por un lapso de 15 años de parte del írrito Contralor del régimen contra el Presidente Encargado Juan Guaidó y contra 28 Diputados legítimos de la República.
Los Diputados a los que la dictadura ha prohibido su actividad política mediante esta acción son: Marco Aurelio Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco Cabrera, Rafael Veloz, Luis Florido, Germán Ferrer, Alexis Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores, José Manuel Olivares, el Embajador Tomás Guanipa, los Comisionados Julio Borges, Américo De Grazia, Carlos Paparoni, el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa y el Presidente Encargado Juan Guaidó.
En el caso del Presidente Guaidó, ya en órdenes de supuestas inhabilitaciones en su contra se suman más de 60 años de sentencias sin valor práctico. De igual forma, esto se suma a los múltiples actos de acoso y ataques contra el fuero parlamentario, la integridad física y la libertad de los Diputados de la República.
Esta nueva acción contra el Presidente Guaidó y contra nuestros Diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela y nos ayuda a recordar el por qué emprendimos la lucha por elecciones libres para nuestro país. Hoy por hoy la dictadura utiliza cualquiera de sus instituciones secuestradas como armas para impedir que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes de manera transparente y libre, razón por la cual dejamos de convalidar sus farsas electorales.
En ese contexto cobran más relevancia acciones como las sanciones emanadas ayer por la Unión Europea. Mientras la dictadura inhabilite líderes políticos, secuestre partidos políticos, coopte las instituciones democráticas e impida que se lleven adelante las condiciones para que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada en las urnas, el mundo seguirá desconociendo y actuando contra quienes hoy usurpan el poder y contra quienes siguen prestándose para ser cómplices de los mismos.
El camino que sigue transitando la dictadura solo nos lleva a un bucle que nos perjudica a todos como nación: Actúan contra la institucionalidad, ante lo cual las fuerzas democráticas no convalidamos sus acciones, el mundo las rechaza y ellos continúan respondiendo con represión. La única forma de salir de este ciclo es a través de una verdad solución política que permita al pueblo recuperar sus derechos, especialmente el derecho a elegir. Es por ello que el Gobierno Legítimo continuará luchando para que la voz de nuestros ciudadanos pueda ser respetada a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes que pongan fin a la crisis que hoy padecemos como nación.
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