El exprocurador especial del Gobierno Legítimo de Juan Guaidó José Ignacio Hernández, sostiene que los dirigentes de la oposición, sobre todo los que conforman el llamado G4 -que integran los partidos políticos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo- no han evaluado los riegos jurídicos que afrontaría a partir de enero de 2023 la empresa de refinación Citgo si se opta por no continuar con la figura de gobierno interino, que encabeza Juan Guaidó, el cual tiene el reconocimiento formal de la administración de Joe Biden.
“El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro al decir que, si desaparece el gobierno interino, no puede hacer absolutamente nada”, comenta Hernández. “No hay nadie pensando en eso. Pero si desaparece el gobierno interino se va a generar un problema legal gigantesco con Citgo, pasará a tener un problema de gobernanza porque con la desaparición del gobierno interino también pasará lo mismo con la junta administradora ad hoc de PDVSA y quedaría solo la PDVSA de Maduro, que no puede designar administradores en Citgo si no tiene una licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro). Pero dudo mucho que la administración de Joe Biden otorgue una licencia a Nicolás Maduro”, agrega.
Hernández explica que en enero del próximo año entrará en vigencia la licencia de la OFAC que permite a los tenedores de bonos del PDVSA 2020 asumir el control de Citgo, tomando en cuenta que estos títulos tienen como garantía la mitad de la empresa de refinación. Recuerda que ese es solo uno de los litigios que hay en cortes de Estados Unidos por parte de acreedores de la República y de PDVSA.
“Lo que vence en enero es la licencia que impide a los tenedores de ese bono ejecutar Citgo en caso de un incumplimiento. Hoy día no pueden hacerlo porque la causa está suspendida, debido a la demanda que se interpuso en octubre de 2019”, señala.
Por parte de los representantes que estén al frente de la Procuraduría Especial, que encabeza el abogado Enrique Sánchez Falcón, no hay un pronunciamiento en relación con la continuidad del gobierno interino y en el caso del G4 hay un debate, pero todo indica que hay un conflicto por este punto entre Voluntad Popular y los otros tres partidos (PJ, UNT y AD), advierte el semanario.
En Venezuela comienza a hablarse que la gestión de Citgo podría estar marcada por lo que llaman “la monomerización” de la compañía, en el sentido de que pudiera estar marcada por presuntos actos de injerencia política y corrupción como ocurre con la compañía petroquímica con sede en Barranquilla.
“De lo que he apreciado, la situación de Citgo es enteramente distinta a la de Monómeros porque se han respetado las reglas de gobernanza que se diseñaron para el estatuto de la transición siguiendo recomendaciones y buenas prácticas globales, aunque eso costó mucho. Pero tiene una junta directiva autónoma y es el amortiguador para evitar la toma de control directo”, comenta el abogado.
Asevera que “se creó una cultura gerencial en Citgo que se ha mantenido y ha sido muy resistente a esa presión política que no la vimos en Monómeros. Además, Citgo es una empresa intervenida porque tiene a los Departamentos de Justicia y del Tesoro encima y eso es mucho más que la medida de control de la Superintendencia de Sociedades sobre Monómeros”.
Hernández nuevamente enfiló sus críticas principalmente a dirigentes de Primero Justicia que querían cambiar la orientación de Citgo e incluso habrían propuesto que el control gerencial se hiciera desde Caracas.
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