Un nuevo informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación Gumilla desnudó la realidad venezolana al contabilizar 2.853 personas asesinadas durante 2020.
La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes, resaltó el documento publicado en la página de Provea
Para la ONG, esta situación se suma a la exclusión, la crisis educativa y la falta de trabajo que propician una migración forzada de jóvenes que buscan nuevos horinzontes en el extranjero.
«En un país que ha perdido el bono demográfico este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país».
Estos datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando Provea y el Centro de Investigación Gumilla cuyos analistas destacaron que ni el confinamiento pudo frenar los excesos policiales y militares.
A continuación la nota de prensa de Provea
La ONG Provea y el Centro Gumilla (perteneciente a los jesuitas en Venezuela), iniciaron desde el año 2019 un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar y cuya consolidación nos ha permitido presentar formalmente esta iniciativa con el nombre de Lupa por la Vida, construcción de una memoria colectiva en materia de ejecuciones extrajudiciales.
Una política de Estado que promueve la impunidad
El monitoreo ha permitido determinar que las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista.
Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
En los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación.
El pasado 21 de agosto de 2020 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los 6 funcionarios presuntamente responsables del crimen.
Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial, y aunque fueron víctimas de la letalidad policial sus familiares contaron con el acceso a la justicia lo que define un patrón discriminatorio que depende de la vinculación a la facción de Poder y, hace de la justicia un ejercicio discrecional.
En Venezuela la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, están excluidas del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales.
Para ellas, por ahora, solo está garantizada la impunidad. Casi siempre se maneja la versión de “presunto enfrentamiento” y en consecuencia el Ministerio Público no actúa con las investigaciones que debería realizar, violando recurrentemente el debido proceso.
Y es que en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, que no es otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares cuando en realidad, en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.
Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. Y son extrajudiciales en cuanto que suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte, y el funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona.
Los datos recabados reflejan que eso constituye el patrón que históricamente concentra el mayor número de fallecimientos por violación al derecho a la vida. Ello en sí mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte.
Este patrón se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de víctimas es posible identificar desde (1) quienes fallecen por problemas personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con funcionarios de los cuerpos de seguridad (abriendo espacio al sub patrón “abuso de poder”); (2) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para “acabar” con la vida de jóvenes bajo el paragua de la “profilaxia social”, donde la versión institucional suele ser la de enfrentamiento posicionando en el discurso que las víctimas se trataba de peligrosos criminales.
Estados con más casos durante el 2020
Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda.
En todo el 2020 el estado Zulia fue el que registró más muertes con 667, seguido de Aragua con 297, luego aparece Bolívar con 269 muertes y Lara con 193. En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento.
Una de los casos que más impactó a la opinión pública en el estado Carabobo fue el asesinato de Daniel Alexander López Ramírez (28), un médico integral comunitario, director del ambulatorio de Bucaral en el municipio Guacara. Fue asesinado durante un operativo mixto realizado en la población de Guacara.
La versión oficial indicó que López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva y habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes.
La información fue desmentida por los familiares de López quienes indicaron que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial.
Mayo fue el mes donde policías y militares actuaron con mayor letalidad. 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la circulación de personas en la vía pública era mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no se detuvieron Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.
Nivel de letalidad de los cuerpos policiales y militares
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) es el cuerpo policial más letal. En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total.
Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 593 casos, lo que equivale al 17,52% del total. En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida.
Las policías estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,71%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.
Las policías municipales por su parte, fueron responsables de 134 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.
En el caso específico de las FAES, una investigación especial del diario Tal Cual destaca que utilizaron los mismos procedimientos, fueron similares los objetivos y las denuncias de los familiares y vecinos idénticas a las de 2019.
Por otro lado, su principal centro de operaciones son las barriadas donde habitan los pobres en las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas áreas rurales.
Además, en 2020 los diferentes medios de comunicación reflejaron las denuncias de 103 personas, cuyos familiares o vecinos aseguraron que habían sido detenidos vivos, pero luego aparecieron muertos.
En cuanto a números de ejecuciones a este cuerpo élite de la PNB se le atribuyen, en total, 635 muertes, para un 22.26%, con las constantes de que la abrumadora mayoría de las personas muertas son hombres, que eran personas jóvenes, el promedio de edad era de 28,39 años, tomando en cuenta que se pudo conocer la edad de 228 de los muertos. En los 462 supuestos enfrentamientos se produjo la muerte de 3 agentes de las FAES.
¿Dónde quedó la reforma policial?
En un estudio elaborado en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles.
Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no se reporten muertes en las filas de los órganos de la fuerza pública durante los llamados “enfrentamientos”.
Ello, según la CONAREPOL, “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”. Organizaciones de derechos humanos como Provea ha advertido reiteradamente que el sostenido incremento en el número de víctimas de violación al derecho a la vida bajo el patrón de ejecuciones extrajudiciales, encuentra explicación parcial en el aumento de la actuación violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de “eficiencia policial”, advertidamente o no amparados en una perspectiva de “mano dura”.
Fortalecer la visión militarista y las prácticas de “mano dura”, debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en el país.
Y tal cual como lo apuntara el Papa Francisco estas ejecuciones extrajudiciales “se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos”.
Doctrina de la seguridad nacional por encima de los derechos de ciudadanos
El gobierno insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos.
Esta militarización de la seguridad ciudadana conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.
Según ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”.
El concepto de seguridad ciudadana, desde una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos, es la superación de la visión autoritaria y militarista que marcó la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional.
Continuar el camino del autoritarismo erosionará aún más el Estado de Derecho y generará más violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la ciudadanía.
Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares.
En una próxima entrega presentaremos el balance de los dos primeros meses de este 2021 en los cuales las proyecciones indican que el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales se ha mantenido en todo el país, haciendo mención especial al operativo llevado a cabo en la parroquia La Vega de Caracas, a principios del mes de enero, en el cual se registraron 23 muertes a manos de los cuerpos policiales.
Al conformarse en el país una estructura institucional favorable a la impunidad adquieren cada vez mayor importancia y necesidad la actuación de mecanismos de investigación independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
De tal manera que la labor que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la exhortación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU de la disolución de las FAES y el primer pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que considera que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad constituyen esperanza del logro de justicia.
Las autoridades siguen sin dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, persisten en mantener una política de seguridad que no respeta el derecho a la vida y otros derechos humanos, no se investiga ni sanciona a los autores materiales y a las cadenas de mando de los responsables de las miles de presuntas ejecuciones.
Policías y militares actuando al margen de la Constitución y la ley generan mayor sufrimiento en la población venezolana, incrementan la inseguridad y auspician el incremento de la violencia.
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