46 migrantes venezolanos que fueron deportados el mes pasado en una deportación masiva han reingresado ilegalmente a Trinidad y Tobago.
Sus abogados les han aconsejado que se entreguen a la policía.
Los abogados Criston J. Williams y Blaine Sobrian de la firma Quantum Legal escribieron el jueves a la comisionada de policía Erla Harewood-Christopher para informarle sobre las acciones de sus clientes.
También se enviaron copias de la carta al Director del Ministerio Público, al Primer Ministro, a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Autoridad de Denuncias contra la Policía.
El regreso de los 46 sigue al del refugiado venezolano Juan Manuel Acosta, que regresó a TT cinco días después de ser expulsado el 12 de agosto.
El jueves, Acosta se reasentó en Estados Unidos. Había sido aprobado para su reasentamiento allí a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ahora, los abogados de los 46 han vuelto a pedir a la CoP que investigue al Ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, por crímenes contra la humanidad por firmar su orden de deportación.
Afirman que los obligaron a firmar órdenes de deportación bajo amenaza de prisión y que no se les concedió el derecho como solicitantes de asilo. impugnar su rechazo según lo dispuesto en la Ley de inmigración.
“Los demandantes también desean presentar denuncias contra el Ministro en relación con los delitos previstos en los artículos 30A(1)(vii) y 30B de la Ley de Delitos Contra la Persona. 4.43.”
Dicen que la conducta del ministro les causó angustia. Hinds y la División de Inmigración también fueron acusados de participar en actos para “pervertir el curso de la justicia pública”.
Sostienen que «la total elusión del procedimiento previsto en la Ley de Inmigración por parte del Ministro y la División de Inmigración para efectuar su deportación apresurada fue premeditada para obstruir una investigación policial sobre lo sucedido en el helipuerto y para ocultar al Servicio de Policía de TT la comisión de delitos graves perpetrados en el mismo a manos del Ministro, la División de Inmigración y otros servidores del Estado.
“Sostienen que su deportación haría y ha hecho prácticamente imposible, tanto práctica como legalmente (hasta cierto punto), presentar una denuncia o presentar pruebas de una conducta criminal relacionada con el helipuerto sin incurrir en graves perjuicios. “
Los abogados pidieron a Harewood-Christopher que “ordene, coordine y supervise una investigación criminal, de inmediato y sin demora, en el Ministerio de Seguridad Nacional y la División de Inmigración en relación con el informe de los denunciantes que alegan conducta criminal por parte del Ministro, la Oficina de Inmigración”. Personal de división y/o inmigración”.
También pidieron un informe completo sobre las investigaciones policiales y que el comisario justifique las razones si no hay investigaciones penales o si no se presentan cargos penales contra el ministro.
Acosta y los 46 estaban entre aproximadamente 200 venezolanos detenidos en una redada en el Apex Bar en St James el 9 de julio.
El tribunal ordenó la libertad condicional de algunos de ellos y 98 de ellos fueron deportados el 12 de agosto, incluidos Acosta y los 46.
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