Las familias de los 33 desaparecidos desde el 7 de junio de 2019, cuando zarparon en una lancha desde el estado Falcón para ingresar a la isla de Curazao, recibieron la notificación de que el próximo 31 de julio se llevará a cabo el juicio de los cinco detenidos por el delito de trata de personas.
La familias de las víctimas aseguran que esto genera más incertidumbre, ya que en primer lugar, denuncian que todo el proceso de búsqueda e investigación que llevó el Ministerio Público ha sido hecho muy a destiempo, de forma negligente y precariamente. A esto se suma que el proceso genera dudas sobre los resultados del juicio en términos de condenatorias y penas justas.
“Y aunque estos delitos se demuestran más con las denuncias y los testimoniales, creemos que se podía haber logrado más y mejores diligencias de ley y experticias criminalísticas, lo cual no sucedió, porque ya todos sabemos como funciona el sistema judicial en este país”, señaló Jhonny Romero, padre de Jesús Romero Palacios de 27 años, uno de los desaparecidos, y vocero de las familias víctimas.
Romero agregó: “Si las acciones y procesos de búsqueda e investigación se hubieran hecho correctamente, no solo hubieran detenidos a punto de saldar cuentas con las víctimas y la justicia, sino que también se habrían generado acciones tendientes a buscar y rescatar a los familiares desaparecidos, utilizando todas las pistas y evidencias que hemos suministrado para que los ubicaran, rescataran y los trajeran a casa, lo cual es nuestro mayor interés”.
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