Alejandro Jesús Celis Rojas era el Fiscal Superior del Táchira, y uno de los hombres de confianza del Fiscal General Tarek William Saab, hasta que el 10 de noviembre 2023 fue obligado a renunciar y luego denunciado por varias supuestas víctimas de violencia contra la mujer e intento de soborno. Al sentirse traicionado por una fiscal con quien sostenía amores, se quebró emocionalmente y sin proponérselo desenmascara una putrefacta trama: los códigos de mercancía que pasaba por las trochas, con la frontera cerrada, y parte del pago era para el Protectorado del ahora gobernador Freddy Bernal. El relajo sexual en el Ministerio Público. Y los procedimientos de la DGCIM y la Fiscalía contra él lo que ha sido un modus operandi en casos de interés político.
Por Sebastiana Barráez / Infobae
Celis Rojas, quien estuvo cinco años en el cargo, se quejó ante el Tribunal de haber estado “seis días privados de libertad, sin que se notificara al Ministerio Público. “¿Quién no va a llorar estando preso?, ¿qué no te dejan ver a tu familia?, ¿no te presten un teléfono?, cualquiera llora. Cuando me trasladan no había orden de aprehensión, no había hecho flagrante. Me trasladan a Caracas donde supuestamente me iban a entrevistar; me meten en revisión médica, me meten en una sala de espera, en un cuarto de paredes grises, asientos de madera, dormí toda la noche y mi almohada fue uno de mis zapatos, un poco de cámaras, no me maltrataron, pero para mí es una violación de derechos humanos”.
Le dijo a Peggy María Pacheco de Araque, Juez del Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, “estoy siendo víctima del Estado venezolano, a través de un organismo policial, privado de libertad, no han notificado durante el lapso de las 12 horas al Ministerio Público, lo que es violación flagrante de normas de carácter constitucional y de orden público, que conllevan la nulidad de cada una de estas actuaciones. Hoy tenemos cinco denuncias, mañana viene otra, inventando otra cosa. Ciudadana juez, con todo el respeto y cariño que le tengo, no es mentira, le tengo estima a usted, ¿por qué no lo hicieron cuando yo estaba en el cargo?”, dijo, a la vez que declaró sufrir de la tensión, tener diabetes y necesitar una alimentación adecuada, que su esposa no podía llevarle a la DGCIM.
Lo que representó el punto de quiebre del hasta entonces Fiscal Superior, que lo llevó a las lágrimas, fue saber que uno de los denunciantes es una funcionaria con quien aseguró tenía tres años de relación extramatrimonial. “La peor traición es la de Catherine fue lo peor, porque a esa mujer la amé de verdad ciudadana juez. Tenga compasión de mí, y deme por lo menos un arresto transitorio o una medida cautelar menos gravosa. Se lo pido, no fui malo, no robé a nadie”.
El defensor de Celis criticó que las fiscales 57 nacional y auxiliar, Yolaines Leribit Benavente Pérez y Aily Katherine Quintero Hernández, no se pronunciaran ante la actuación de los funcionarios. “Es algo sumamente grave; 136 horas sin haber sido presentado a un juez de control; privación ilegítima, delito permanente y trato cruel. Estar 136 horas en un centro de reclusión, trasladado para Caracas ida y vuelta, sin saber para qué, sin acceso a sus abogados defensores, aunque hicimos presencia en múltiples oportunidades a la DGCIM y no nos permitieron el ingreso. ¿Eso no llamó la atención de las fiscales que estaban en la DGCIM observando la flagrante violación?”.
A continuación, desglosó las pruebas de lo que le imputaban a Celis. “La denuncia de Roxana Castro ¿le dieron el trámite ante la fiscalía para que iniciara un proceso de investigación por género? Tampoco se hizo la denuncia de Laura Pages, cuya hermana es la jurídica del DGCIM; dice haber sido coaccionada a renunciar, pero la verdad es que fue destituida con 8 actas levantadas y un procedimiento sustanciado en Caracas”.
Sobre la denuncia de Jhonny Pulido Mora “¿cómo queda la responsabilidad del funcionario cuando engaveta esa denuncia por fines criminales en contra de Alejandro Celis?¿Es normal que la Fiscalía pida una privación judicial para hechos punibles que no exceda los 2 años en su límite máximo?”.
En flagrancia
Las fiscales 57 nacional y auxiliar, Yolaines Leribit Benavente Pérez y Aily Katherine Quintero Hernández, señalaron que Celis había sido aprehendido en flagrancia “aproximadamente” el 15 de noviembre 2023. Los abogados de Celis, que fueron Sami Handam Suleiman, Jenifer Mariana Bermúdez Roa y Noraida Isabel García de Santos, refutaron las imputaciones.
Alejandro Celis fue aprehendido por funcionarios de la Base 21 de la Región de Contra Inteligencia Militar de Los Andes, por una investigación previa por denuncias sobre hechos irregulares que cometió siendo fiscal superior del Táchira. La DGCIM refiere que toma las pesquisas sobre el fiscal por información que circulaba en el Instagram de noticiastachira.
Así, dicen haber encontrado una denuncia, del 11 de noviembre 2023, realizada por Edwin Arley Rojas contra Celis porque “le había solicitado 50 mil dólares para no ser vinculado en una causa, con funcionarios del CICPC; dijo que había sido secuestrado para presionarlo a firmar documentos y reveló que hizo la denuncia ante otras direcciones del Ministerio Público, incluso ante la Inspectoría”.
Otra de las denuncias fue hecha por Marilyn Castro que denuncia a Celis por estafa y por proponerle, por WhatsApp, sostener relaciones sexuales a cambio de ayudarle a resolver la causa que tenía.
A las denuncias se suma la del 13 de noviembre 2023, por la ex fiscal Laura Verónica Pages, por haber sido coaccionada a renunciar, cuando le manifestó que contra ella cursaba una investigación en la DGCIM, por hechos de corrupción; Pages agregó ser víctima de acoso sexual, daños psicólogos, maltrato verbal por parte de Celis, quien le decía que él tenía más poder que ella y amenazaba con destituirla.
La única denuncia antigua es la del 21 de diciembre 2022, realizada por Jhonny Pulido Mora jefe del DCDO de la Policía Nacional en Táchira, quien le dijo a la DGCIM Táchira que el fiscal Alejandro Celis le había manifestado, por un procedimiento contra un camión o una gandola que era de la esposa del fiscal, que él estaba apadrinado por una persona de alto poder, evadiendo hechos ilícitos cometidos por él y por su esposa por una mercancía de su empresa que traía de contrabando desde Colombia.
Una denuncia adicional, según dijo la Fiscalía, fue consignada por una funcionaria del Ministerio Publico, quien declara que Celis la obligo a realizar irregularidades en la Fiscalía, causándole maltratos en su despacho Fiscal delante del personal con gritos, amenazas de arruinarle la vida y sacarla de la institución.
El Ministerio Público concluye diciendo que la denuncia contra el ex fiscal Celis es por los delitos: violencia psicológica y acto arbitrario.
Las Fiscales dijeron que faltaban diligencias porque se encontraron delitos de lesa patria que atentan contra la integridad del Estado venezolano, por ser la autoridad que representa una institución garante de la justicia, por lo que es un delito de corrupción y reconocen que Celis, al ser detenido, no se encontraba en un hecho flagrante, y que no constaba una orden de aprehensión contra él, pero que por la denuncias previas los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) consideraron una conducta presuntamente delictiva.
“Hasta rosas le daba”
El hasta hacía poco Fiscal Superior del Táchira, Alejandro Celis, se quejó de que el Ministerio Publico, del cual formó parte durante 14 años, durante la presentación solicitó arresto domiciliario y que ahora cambian a la de dejarlo detenido.
Negó los romances y exigió saber quién era una persona que lo acusa de acoso sexual y que presentó una evaluación, destacando que el Estado venezolano prohíbe el anonimato; la Fiscal Benavente Pérez responde que la denunciante es la Fiscal segunda del Táchira.
El imputado con gran asombro deduce que es la doctora Catherine Daymar Zavala, con quien reconoce haber sostenido una relación extramatrimonial durante tres años, que era persona de su confianza, pues además era su Fiscal auxiliar; relató que el 12 de noviembre, antes de ser aprehendido, la mujer le dijo que se sentía muy mal, que quería irse a vivir con él a Cartagena (Colombia), le rogó que se vieran y fueron a un hotel.
Como si contara un secreto de estado, Celis le pidió a la Fiscalía que su esposa no se enterara de eso. Y siguió explicando que con Catherine hizo viajes, ella lo peleaba porque se casó con otra. El que alguna vez fue un poderoso funcionario dijo sorprendido que la relación con esa fiscal la sabían todos en la Fiscalía y nombró testigos, inclusive, a la Juez Rectora, Yorley Pérez Ramírez y a todos los fiscales del Ministerio Publico: “las doctoras Erly, Ingrid Jaimes, Noraida, Herly, Gabriela Ortega, Kathleen Celemin, Erika Pinto, los exfiscales Sami y Covi”.
Agregó que se solicitara la cantidad de entradas que tenía a dos hoteles donde iba con la joven. “Me siento traicionado, se lo digo de corazón, porque a Caterine la traté como una reina, le regalaba rosas, carteras, zapatos, extensiones, uñas, quería mucho a su mamá, conocía a su hermano. Cuando yo salgo del Ministerio Publico, Catherine me escribía, ‘¿por qué te vas? No me haga esto’. Se lo puedo jurar por mis tres hijos. Catherine era como un amor que no pude tener. ¿Y que ahora ella se preste para esta cantidad de mentiras?”.
Dijo que a la Fiscal Catherine Zavala la ayudó. “Desde el punto de vista laboral, ascendió en todos los cargos, es una muchacha muy preparada, la di a conocer. Me pedía permiso para ir a visitar a la doctora Dora a Caracas, le daba los permisos. Me casé con otra, le pedí perdón”.
“Juez, me siento traicionado, yo nunca, nunca, nunca traté mal a Catherine”. En medio del estupor que sentía, el ex fiscal confesó que su chofer, Jesús Ricaute le “cabroneó muchas cosas con Catherine, al punto que nos quedamos accidentados en el hotel y mi conductor fue y nos rescató” y reveló que a veces estando en la oficina, ella le decía “quiero salir contigo vámonos ahorita, (y se iban) eso sucedió infinidades de veces”, destacando que en el hotel él daba su documento de identidad y ella usaba el nombre María Salcedo, y que siempre reservaba la habitación 34 porque era temática y él pagaba.
Celis puso en duda la evaluación psicológica realizada a Zavala, de quien dijo es amiga de la Fiscal Superior, Dora Leonor Guerra Castillo, porque dicha evaluación la hicieron en una unidad del Ministerio Publico que pertenece a la unidad de apoyo de investigaciones. Confesó para rematar que, estando en el hotel ella le dijo: Alejandro a ti te está j… Laura Pages, te está j… el gobernador, por favor no me olvides’. Pidan la ubicación geográfica de mi teléfono a partir de las nueve de la mañana”.
Más denuncias
Agregó Celis Rojas, sobre otra denuncia. “Es Roxana Marilín, quien llega a mi despacho por un comandante de la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral), para que le resolviera un tema de violencia de género en su comunidad; designé a la Fiscal 18 que resolvió el problema. Posteriormente ella, que es prestamista, hace un préstamo, y pretendía que ordenara a un Fiscal, a recuperar ese dinero. Sí admito, y uno tiene que ser valiente para eso, sí la coqueteé, pero hasta cierto límite”.
Reconoció haber tenido muchas mujeres, pero con Marilín “nunca tuve nada, nunca la intimidé, no soy misógino, ni maltratador de mujeres”.
Por otra parte, negó tener relación amorosa con Laura Pages, de quien dijo que “tenía una conducta no adecuada al cargo, por lo que se levantaron las actas y que solicito a esta Fiscalía que las pidan, pidan los informes que se enviaron a la Dirección de Investigación y Disciplina, el informe que se envió a la Dirección de Fiscalías Superiores solicitando su destitución. No le dije que estaba siendo investigada por la DGCIM”.
“Todo es orquestado posterior a mi denuncia, porque la DGCIM tenía una denuncia del 2022 que nunca pasó al Ministerio Publico. Yo renuncio y entonces sale esta joven que fue destituida el 01 de noviembre por orden del fiscal general y tiene una investigación abierta, e inventa que yo la acosaba”.
Sobre la denuncia de los 50.000 dólares dice Celis: “mire ciudadana juez el caso lo lleva usted, es el caso del ciudadano Edwin Arley Rojas Fuentes, usted sabe que esa audiencia no se ha dado por culpa del Ministerio Publico; la dilatación del proceso lo están dando los abogados”.
Es importante resaltar que en el 2021, Jonatan Palacios de Fundabolívar denunció que dos gandolas de contrabando que circulaban por la carretera Rubio-San Antonio del Táchira, fueron las causantes, el 14 de enero 2021, de haber sacado de la vía la ambulancia de su organización, donde fallecieron una niña y dos trabajadores de la Fundación que se encargaba de darle refugio a animales de la calle.
Palacios señaló a Freddy Bernal en su persistente denuncia, en agria crítica contra el Fiscal Tarek William Saab por su inacción, por lo que el entonces poderoso Alejandro Celis lo amenaza y le ordena retirar, de las redes sociales, las fotos de las gandolas; el 16 de febrero 2021, Palacios fue detenido por la Ley del Odio, violentando el debido proceso y sus derechos humanos, le imputan 11 delitos y permanece en la cárcel sin juicio hasta agosto 2023, cuando es enviado a Colombia.
El negocio de Bernal
El ex fiscal Superior del Táchira, Alejandro Celis, recordó que desde el año 2020 el Estado venezolano no podía traer alimentos y existían los “códigos del Protectorado”; el Protector fue un cargo que Nicolás Maduro le inventó a Freddy Alirio Bernal Rosales para usurpar las funciones de la entonces gobernadora del Táchira.
“Se subía comida (desde Colombia) con esos códigos” y es así como en el 2022, la esposa de Celis, en sociedad con Eliana Camacho, traían comida. “Poner un camión de chucherías en el estado Bolívar, generaba una ganancia; la pasábamos en trochas (pasos ilegales). Si tenías código debías nacionalizar en el SENIAT a través de un formula que ellos generaron”.
Celis relata el incidente que se presentó con una gandola de pintura propiedad de su esposa que le fue retenida y denuncia a Jhonny Pulido Mora de la Policía Nacional, pero lo significativo es cómo desnuda que existía “un chorro” de códigos pertenecientes al Protectorado, a cargo de Freddy Bernal, que autorizaban el ingreso de cientos y cientos de camiones con mercancía de contrabando proveniente de Colombia; la situación cambia cuando abren la frontera y deben hacerse los trámites aduanales tanto del lado colombiano como del venezolano.
“Grettel (su esposa) pudo haber subido 500 camiones, pero pagaba sus aranceles; hay unas 10 alcabalas de la Guardia Nacional desde la trocha hasta llegar a San Cristóbal”, resaltando que habría consecuencias si no habían pagado el arancel. Además, revela que también al Protectorado había que pagarle aparte.
La DGCIM
Algo oscuro se esconde en la detención del ya no poderoso fiscal superior del Táchira, para que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueran los encargados de detenerlo en la alcabala Peracal de San Antonio del Táchira, cuando los supuestos delitos tienen que ver con violencia contra la mujer. Celis iba en el vehículo con su esposa al momento de ser detenido.
No se sabe por qué pasó de ser un poderoso privilegiado del Fiscal Tarek William Saab a ser detenido por un organismo de Contrainteligencia Militar, señalado por delitos con beneficios.
Uno de los abogados de Alejandro Celis aseveró “todo fue orquestado por la DGCIM con la venia del Ministerio Público que tan sorpresivamente en esta audiencia cambian la medida de arresto domiciliario a una privativa de libertad por cuanto considero que de mala fe”.
Destaca la entrevista a la Fiscal Catherine Zavala, “que fue orquestada y realizada por DGCIM estando las fiscales aquí en el Táchira que la pudieron entrevistar. Son preguntas capciosas; si es sobre violencia psicológica, ¿por qué preguntar qué bienes tiene? El informe técnico de valoración fue en un tris tras, la entrevista fue el 19, el 20 fue la valoración y hoy 21 se coloca a analizar”.
La DGCIM es un organismo denunciado internacionalmente por violación a los derechos humanos, tortura, desaparición forzosa, tratos crueles, asesinato, robo de propiedades de presos políticos militares y civiles.
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