Un diálogo social, un nuevo mecanismo de fijación del salario mínimo y el cese a la persecución de los dirigentes sindicales son las principales exigencias que hizo la Comisión de Encuesta de la OIT al régimen venezolano hace más de dos años. El chavismo ha hecho caso omiso y debe prepararse para enfrentar las consecuencias de no rectificar.
Los primeros meses de 2022 podrían traer consigo algún golpe internacional para el régimen de Nicolás Maduro y sus intentos por lavar su cara ante los organismos mundiales. Concretamente, es posible que se asome una decisión histórica en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que introduciría a Venezuela en la lista negativa en la que únicamente se encuentra Myanmar.
Todo parece apuntar a que el régimen chavista no podrá escapar una vez más de sus compromisos ante la OIT, los cuales ha evadido desde 2019, año en el que representantes de la OIT, pertenecientes a la Comisión de Encuesta, elaboraron un informe basado en una visita realizada al país para constatar las denuncias recibidas por parte de sindicalistas y empleadores venezolanos con voz en la organización.
El informe de la Comisión de Encuesta advertía sobre la situación laboral del país y destacaba una serie de recomendaciones para resolver problemas diversos en materia laboral, con énfasis en el cese de la persecución a sindicalistas y la discusión salarial a través de una reunión tripartita entre empleadores, trabajadores y Gobierno.
Las conclusiones del informe debían ser aceptadas y aplicadas por el gobierno venezolano, ya que son vinculantes para el Estado por haber firmado los convenios de la OIT que abordan estas cuestiones.
El presidente del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, quien ha formado parte de las conversaciones y denuncias contra el Gobierno en el seno de la OIT, aclara que para el Estado es una obligación asumir estas recomendaciones.
«Los países miembros de la OIT, por su propia condición como tales, tienen la obligación de cumplir los Convenios que han ratificado y también aquellos relativos a derechos fundamentales, aun cuando no hayan sido ratificados. Tal es el caso del Convenio N° 87, relativo a la libertad sindical y el derecho de sindicación que fue parte medular de la queja y de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta», explicó.
Ante la inaplicación de estas recomendaciones, el Consejo de Administración de la OIT —que se reúne tres veces al año— ha evaluado en distintas sesiones la situación de Venezuela, resaltando el incumplimiento de las recomendaciones remarcadas por la Comisión de Encuesta, pero sin tomar acciones más concretas con mecanismos de presión contra el gobierno venezolano.
La última reunión del Consejo de Administración de la OIT se llevó a cabo en noviembre y finalmente se dio un paso adelante. Aunque no se establecieron mecanismos de presión, por primera vez hubo un consenso entre representantes de trabajadores, empleados y gobiernos presentes para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y deplorar su incumplimiento hasta la fecha.
Como consecuencia, el chavismo se vio en la obligación de aceptar la resolución firmada ese día, por lo que indirectamente reconoció el informe de la Comisión de Encuesta que en oportunidades anteriores había rechazado y se había negado a acatar, como dejó en evidencia el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, al desligarse de un fallo emitido por el Consejo de Administración de la OIT en marzo de 2021 que instaba a Venezuela a aplicar las recomendaciones.
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