Las actividades ilícitas del régimen de Maduro constituyen uno de los principales obstáculos que impiden la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela.
En un informe publicado por el Atlantic Council, se afirma que desarmar esa estructura de apoyo será fundamental para avanzar estabilidad democrática en ese país. El reporte fue escrito por el consultor y periodista estadounidense experto en temas de seguridad nacional Douglas Farah.
En el texto también se incluyen recomendaciones de políticas que se deben aplicar para detener a la Empresa Bolivariana Criminal Conjunta Bolivariana (EBCC), termino con el que se designa a la compleja alianza con grupos criminales que es responsable de sostener a Maduro en el poder.
A través de ese conglomerado criminal se estima que, hasta 2018, unos 40.000 millones de dólares fueron blanqueados empleando para ello a la estatal petrolera venezolana. PDVSA es el principal vehículo usado por el chavismo para la legitimación de capitales.
Parte del dinero movido por PDVSA provenía de la venta de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Con ese grupo terrorista, Chávez construyó una estrecha alianza a partir de la década de 1990, cuando el grupo era el mayor productor de cocaína del mundo.
Al igual que con las FARC, el chavismo mantiene una firme alianza con el ELN. Los dos grupos cumplen un doble propósito. Por un lado proporcionan fondos al régimen de Maduro.
Al mismo tiempo los dos colaboran con mantener el control territorial en áreas remotas, pero estratégicamente vitales, que limitan con Colombia y Guyana.
La articulación de grupos regionales es clave para trazar y ejecutar políticas que permitan contrarrestar la amenaza regional que representa el chavismo.
«Los grupos armados y el régimen tienen un esquema complejo en el que el primero opera las minas y el segundo vende los minerales extraídos a través de empresas estatales….El ELN incluso se ha comprometido a defender al régimen de Maduro de la intervención extranjera», asegura el informe.
El lavado de capitales
Otra parte importante de los esquemas criminales del chavismo es el uso de la banca internacional. El régimen de Maduro ha hecho un uso extensivo del sistema financiero europeo para mover y ocultar miles de millones de dólares en activos.
«Europa ha tardado más que Estados Unidos en realizar esfuerzos serios para rastrear y apoderarse de los miles de millones de dólares en ingresos relacionados con el régimen que se han escondido en sus sistemas financieros, o para cerrar las lagunas que permiten que el dinero fluya a través de los bancos europeos», se lee en el reporte.
El informe cuestiona el papel de España, un destino favorito para los acólitos del régimen de Maduro. Estados Unidos le ha solicitado a ese país europeo que haga cumplir sus propias reglas que prohíben las visitas de funcionarios chavistas y que se les designe como actores criminales.
Cortar el apoyo criminal a Maduro
El informe sugiere algunas acciones que ayudarían a desmantelar las fuerzas criminales sobre las que se sustenta el chavismo.
La primera es crear un grupo de trabajo interinstitucional en el gobierno de EE.UU. Ahí deben incluirse «los recursos y experiencia específicos de la comunidad de inteligencia y las agencias de EE. UU. relevantes». Estas son los departamentos del Tesoro, Estado, Justicia, Seguridad Nacional y de Defensa.
Esta fuerza debería abordar todos los «aspectos de la empresa criminal liderada por Maduro con una estrategia coherente y multifacética de decomiso de activos, incautaciones de cuentas financieras, cierres de empresas fachada, acusaciones y procesamientos, revocación de visas, intercambio de información con aliados».
La otra sugerencia es hacer más estrecha la colaboración con los países vecinos de Venezuela. Se propone ayudar a Brasil, Colombia, Guyana y Ecuador para aumentar el control fronterizo.
Para ellos se propone emplear «la ayuda de tecnologías como drones de monitoreo, así como un mayor personal, con el objetivo de interrumpir cadenas de suministro ilícitas generalmente centradas en regiones fronterizas».
Otra propuesta clave es la de crear un grupo de trabajo multinacional con formuladores de políticas y expertos del gobierno interino de Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea. Junto a ellos Grupo de Lima y Caricom.
Ese grupo sería el responsable de «Diseñar estrategias de políticas para enfrentar la amenaza de los grupos armados irregulares y el crimen transnacional en con el fin de proporcionar el camino para la restauración de las instituciones democráticas«.
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