Desde el miércoles 2 de septiembre se esperaba que una comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU (Oacnudh) llegara a Venezuela. No había mayores detalles de ésta, más allá de que entre ellos venía José María Aranaz, jefe de la División de las Américas, Europa y Asia Central de la Oacnudh. Familiares de los presos políticos, tanto civiles como militares, que esperaban la visita, ni siquiera pudieron confirmar que ya estaba en Venezuela. El silencio se impuso.
Infobae | Sebastiana Barráez
Casi una semana después, gracias a un tuit de la gobernadora del Táchira, se supo que Aranaz estaba en la Gobernación de ese estado fronterizo con Colombia hablando de tres temas: Covid-19, activación económica en la frontera y elecciones parlamentarias.
No se tocó ni uno solo de los temas de la frontera que deberían ser fundamentales para la Alta Comisionada, más aún cuando el Táchira es un sitio con gravísimos problemas por la presencia de los grupos guerrilleros, paramilitares y colectivos que han ocupado el territorio fronterizo. Además de las acciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Es importante destacar que Venezuela es parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por lo tanto lo primero que le corresponde a la oficina de Bachelet es revisar el cumplimiento del mandato, es decir revisar las recomendaciones del 26 de septiembre de 2019 del Informe de Bachelet, entre ellas el ingreso a los centros de reclusión. Lo que sí han cumplido es lo de los talleres de formación en derechos humanos.
Visita a la frontera
La Gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, dijo que conversaron de las realidades que se vive en el Táchira, por su condición de estado fronterizo, en el marco de la pandemia COVID-19. La mandataria es una de las dirigentes políticas que ha manifestado abiertamente respaldar las elecciones a la Asamblea Nacional, razón por la que fue excluida del partido Acción Democrática, del cual estaba expulsada anteriormente por haberse juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente.
“Nos complace el interés mostrado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en conocer las consecuencias que ha generado la emergencia humanitaria compleja en la entidad tachirense a raíz de la expansión del coronavirus”, afirmó Gómez.
Dijo la primera mandataria del Táchira que trataron temas de relevancia como la realización de las elecciones parlamentarias, y manifestamos que “los argumentos sociales de la población más angustiada, más vulnerada que se vienen generando en todos los rincones de la geografía tachirense frente a las dificultades y deficiencias de los servicios públicos, es una de las razones que nos motivan a tomar la vía de la participación y de los principios constitucionales”.
Revelador informe
La ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM) presentó un contundente “Informe complementario sobre los hechos que demuestran la violación del mandato firmado el 20 de septiembre de 2019 y de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 26 de septiembre de 2019”.
Resaltan que según el informe oral de Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 2019, su oficina y las autoridades venezolanas, acordaron un Plan de Trabajo conjunto para desarrollar actividades de Cooperación Técnica, para lo cual se reúnen dos veces al mes, así mismo se habla de una metodología participativa para elaborar el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos y recabar información de los organismos de justicia, seguridad, sistema penitenciario y Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar asistencia técnica en materia de “Prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva”.
“Según la Comisión se entrevistaron de manera ‘confidencial’ a 70 personas en 9 visitas a Centros de Detención del Ministerio de Servicios Penitenciarios y del Ministerio de la Defensa, quedando pendiente los centros de detención de los servicios de Inteligencia civil (SEBIN) y Militar (DGCIM) que son precisamente los Organismos que hemos denunciado como los Centros de Tortura de los Presos políticos Civiles y Militares en el país”.
“Dichas denuncias se han hecho ante su Oficina en Caracas, ante la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía, los Tribunales y la Asamblea Nacional de Venezuela, así como ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de hecho, la CIDH, otorgó las Medidas Cautelares colectivas No. 178-19, el 21 de marzo de 2019, para proteger la salud y la integridad física de los civiles y militares que estuviesen detenidos dentro de la DGCIM, lo cual no ha sido respetado”.
“En el caso de las 2 visitas que efectuaron sus funcionarios a Cenapromil (cárcel militar de Ramo Verde), en marzo y diciembre del 2019, estas no fueron independientes, aseguran los prisioneros que estuvieron supervisadas por el G/D Carlos Yánez Figueredo, Director Penitenciario Militar (Dispemil); el G/D Edgar Rojas Borges, Presidente Corte Marcial; Cnel. Atilio José Peña Ruiz, Director de la cárcel de Ramo Verde para ese momento, y que estos solo permitían la comunicación de la Comisión de la ONU a los que estaban en una lista previa que ellos elaboraron”.
“A todos los encerraron en sus celdas, para evitar la comunicación con la Comisión, sin embargo, los prisioneros comenzaron a protestar desde sus celdas para que fueran entrevistados y las oficiales pudieron entrevistar a algunos, por eso hubo represalias hacia los que denunciaron la violación de sus derechos, algunos fueron enviados a una celda de castigo llamada ‘El Tigrito’, a otros les quitaron la visita familiar. Sus oficiales nunca fueron a las celdas, ni comprobaron sus condiciones de absoluta insalubridad, los entrevistaron en las oficinas”.
“Tal vez sea por eso que en su informe oral de 2020, al referirse a Ramo Verde, solo habla de la falta de instalaciones adecuadas para las mujeres detenidas y el empleo de celdas de castigo en condiciones higiénicas inadecuadas”.
Le aclara la ONG que “El Tigrito, no es una celda de castigo, es una celda de tortura, considerando que duermen en el piso, con mucho frío, sin cobija, hay insectos y ratas, a veces en ese pequeño espacio hay entre 10 a 15 personas hacinadas, y pasan allí hasta 15 días. Para la visita de su Comisión a Ramo Verde, sacaron a todos los que estaban ‘castigados’ en esas celdas”.
FAES es un cuerpo denunciado por asesinato selectivo
“Tomando en cuenta que el monitoreo regular de los lugares de detención es considerado como un método efectivo para prevenir la tortura, hacerlo bajo la supervisión de personas implicadas en las denuncias de violación de Derechos Humanos, no debería ser permitido. Los 3 Generales mencionados anteriormente, son cómplices de Tortura, tratos crueles e inhumanos a los militares detenidos, así, se ha informado a los miembros de su Comisión”.
“Las violaciones de derechos humanos se han incrementado en el tiempo que ha permanecido la OACNUDH en Caracas. En el caso especial de los presos políticos militares, su situación ha empeorado en todos los centros de reclusión”, destaca la ONG FPPM.
Con información de Infobae
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
