Los controvertidos resultados electorales de Venezuela han sumido al país en el caos. El líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado ganador en una votación disputada en julio y, desde entonces, ha utilizado la violencia estatal para inhibir cualquier indicio de protesta.
Por https://theconversation.com/
La represión ha provocado la muerte de más de 20 personas a manos de los servicios de seguridad de Venezuela y grupos armados pro gubernamentales conocidos como colectivos, mientras que más de 2.400 personas han sido encarceladas. Y el candidato de la oposición que se cree ampliamente que ganó las elecciones, Edmundo González, ha huido a España después de haber sido amenazado con arresto.
Esta rápida escalada ha provocado una preocupación generalizada en toda América Latina y más allá. Otra ola de migración puede ser inminente, que se sumará a los casi 8 millones de personas que ya han abandonado Venezuela desde 2015. Los países de toda América Latina, especialmente Colombia, han expresado su preocupación de que una nueva oleada de venezolanos desplazados pueda abrumar los servicios públicos y alimentar las tensiones políticas.
Es posible que los gobiernos de la región respondan imponiendo controles fronterizos más estrictos para frenar el flujo de migrantes. Pero la experiencia pasada muestra que esta medida sería ineficaz y perjudicial.
Venezuela es una nación que en su día fue conocida por su vasta riqueza petrolera. Sin embargo, ha soportado un prolongado período de inestabilidad económica y política. El retroceso democrático del país comenzó bajo el expresidente Hugo Chávez a principios de la década de 2000, pero empeoró drásticamente después de su muerte en 2013 y la llegada al poder de Maduro.
El gobierno de Maduro se ha caracterizado por una inflación galopante, una reducción del 75% del PIB y una represión política generalizada. Estas condiciones han dado lugar a una de las mayores migraciones de la historia moderna. Casi una cuarta parte de la población de Venezuela ha huido de sus hogares, principalmente a otros países sudamericanos.
Al principio, muchas naciones latinoamericanas coordinaron su respuesta. Por ejemplo, en Ecuador, los gobiernos se unieron para firmar la Declaración de Quito en 2018, en la que se comprometían a garantizar la migración segura y regular de los ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, este espíritu de cooperación pronto comenzó a desmoronarse. Chile, Ecuador y Perú hicieron que fuera mucho más difícil para los venezolanos comunes ingresar a sus países de manera legal al introducir restricciones de visas a mediados de 2019. Estas restricciones reemplazaron las políticas anteriores que permitían el ingreso a Ecuador y Perú solo con una tarjeta de identificación.
La efectividad de estas restricciones ha sido objeto de mucho debate. En un estudio reciente, comparé las experiencias de los países que introdujeron restricciones con las de Argentina, Brasil y Uruguay, que mantuvieron sus fronteras abiertas.
Mis hallazgos sugieren que restringir la migración en América del Sur no la ha impedido. En cambio, la migración se ha vuelto clandestina, con costos significativos tanto para los migrantes como para los países receptores.
La introducción de restricciones de visas provocó un aumento del 38% en el número de migrantes venezolanos que cruzaron las fronteras por rutas no autorizadas y un aumento del 41% en el número de migrantes sin un permiso de residencia regular en su país de destino. El número de migrantes venezolanos que carecían de estatus legal en su país de acogida también aumentó de menos de uno de cada cinco a más de la mitad.
Este cambio hacia la irregularidad ha tenido consecuencias. Por ejemplo, descubrí que caer en la irregularidad llevó a un cambio en las prioridades de los migrantes, que pasaron de buscar empleo a tratar de regularizar su estatus migratorio.
Tampoco hay evidencia que sugiera que los migrantes redirigieron sus viajes a países sudamericanos con políticas más abiertas. De hecho, la composición de los migrantes se mantuvo en gran medida sin cambios después de la introducción de restricciones.
Lecciones de Europa
Antes de las elecciones, una encuesta realizada por la empresa venezolana Meganálisis indicó que alrededor del 40% de los venezolanos considerarían abandonar el país si Maduro permaneciera en el poder. Esto representa un aumento potencialmente asombroso de la migración, incluso si tenemos en cuenta la brecha entre la intención y la acción.
Para evitar exacerbar una situación ya crítica, los países de la región deben adoptar políticas pragmáticas que prioricen la migración segura y regular. Y deben ofrecer un estatus regular a los migrantes que ya residen allí.
La respuesta de Europa al desplazamiento masivo provocado por la invasión rusa a Ucrania ofrece lecciones que los gobiernos latinoamericanos no deberían ignorar.
En 2022, la UE coordinó esfuerzos para permitir que los refugiados ucranianos se desplacen de forma libre y segura por toda Europa, garantizando al mismo tiempo su derecho al trabajo y a la residencia, así como el acceso a servicios sanitarios y educativos.
A pesar de la escala masiva de este desplazamiento, que superó los 6 millones de refugiados, no se dio una “crisis de refugiados ucranianos” ampliamente difundida debido a este enfoque cooperativo.
Si bien el estatus de refugiado de los ucranianos en Europa está garantizado hasta febrero de 2026 (y puede extenderse si el Consejo Europeo está de acuerdo), la historia es bastante diferente para los venezolanos desplazados. A pesar de que la ONU y las leyes de la mayoría de los países latinoamericanos los consideran refugiados, los gobiernos de la región han decidido en gran medida no reconocerlos como tales.
Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos deberían seguir una estrategia similar a la que hemos visto en Europa. Esto debe incluir renovar su compromiso con los principios delineados en la Declaración de Quito, así como establecer estándares comunes en toda la región para la recepción de migrantes venezolanos.
Estos estándares deberían incluir la posibilidad de permitir que los venezolanos crucen las fronteras utilizando solo sus documentos de identidad, como todavía es el caso en Argentina y Brasil, dado lo costosos que son los pasaportes y otros documentos de viaje para muchos venezolanos.
Estos requisitos reducirían significativamente la probabilidad de migración irregular y, junto con los programas de regularización masiva, tendrían un impacto positivo en la integración de los venezolanos en sus países de acogida.
Mientras Venezuela sigue lidiando con el colapso político y económico, la comunidad internacional –y en particular las naciones latinoamericanas vecinas– deben estar preparadas para otra oleada de migración.
Pero la respuesta no debería ser cerrar fronteras o restringir el acceso. Los gobiernos deben, en cambio, coordinarse para garantizar rutas de migración seguras, regulares y humanas.
El futuro de millones de venezolanos, así como la estabilidad de América Latina, dependen de la capacidad de la región para gestionar esta crisis de manera eficaz.
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