La ONG Una Ventana a la Libertad llevó a cabo una investigación para determinar la sistematización de las torturas en las cárceles de los cuerpos de inteligencia del Estado controlado por Nicolás Maduro. En el informe final, evidenciaron que en el Sebin, los funcionarios se alejaron paulatinamente de la práctica de la tortura, pero en la Dgcim, éstas empeoraron.
Según la información que aportó el director de la ONG, Carlos Nieto Palma, la cual recolectó en entrevistas con familiares y allegados de presos políticos, se determinó que por efecto de los cambios cuando el general Manuel Cristopher Figuera estaba al frente del Sebin, las torturas habían comenzado a cesar.
“Uno de los hallazgos fue que los agentes del Sebin fueron alejándose paulatinamente del ejercicio de torturas contra sus detenidos, presumiblemente por efecto de los cambios implantados durante la gestión del general Manuel Christopher Figuera, quien luego se unió al alzamiento militar del 30 de abril de 2019. Aunque para mayo de ese año había vuelto a la institución el mismo equipo liderado por el general Gustavo González López, hasta el momento de la investigación no se habían recibido denuncias sobre nuevos hechos de torturas”, explica una nota de prensa.
En cuanto a la Dgcim, “no solo continuaron con estas prácticas, sino que las sistematizaron e incorporaron nuevas modalidades, que son descritas en el informe. Producto de tales acciones, no solo fue reportada la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. También hubo un intento de suicidio de un sargento que era objeto de investigación, y una mujer sufrió lesiones severas en su vientre que, según lo alegado por ella misma durante una audiencia de juicio, ocasionaron el cese de su embarazo”.
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También señalan que, de acuerdo a la data recopilada, las denuncias de torturas en el cuerpo de contrainteligencia militar “se incrementan durante los lapsos de mayor exigencia, en virtud de la urgencia que impone la investigación de las supuestas conspiraciones denunciadas por los voceros del Poder Ejecutivo”.
Además, se denuncia el grave hacinamiento en las celdas de la sede de la Dgcim en Boleíta Norte:
“En la actualidad, afirmó Nieto Palma, la población recluida allí rebasaría en 80% la capacidad física. Esto a pesar de que, a partir de enero de este año, comenzó a utilizarse un nuevo sector de celdas, construido en el segundo sótano del estacionamiento, que amplió considerablemente la capacidad para albergar a detenidos”.
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