El caso de la activista feminista Vanessa Rosales quien además es maestra y trabajadora social en el estado Mérida, reveló secretos del mundo de los abortos clandestinos en Venezuela.
Por Primer Informe
Rosales fue detenida en octubre de 2020 por brindar información y medicamentos para la interrupción de un embarazo no deseado a una joven de 13 años que fue victima de una violación.
El 12 de octubre la mujer fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) luego de un allanamiento a su vivienda.
Desde entonces permanece incomunicada en un área aislada en Mérida, en los Andes venezolanos.
¿Qué hay detrás del caso de Vanessa Rosales?
El pasado 22 de diciembre los abogados de la activista introdujeron un amparo ante la Corte de Apelaciones de Mérida.
Lo que buscan con este recurso es que las autoridades cumplan con los derechos y garantías constitucionales de la activista.
Los abogados querían que se le otorgara la libertad para que esperara cualquier proceso judicial en su contra, y que enfrente cargos solo por sus acciones, no por su labor en la defensa de los derechos de la mujer.
Sin embargo, el juez asignado calificó la solicitud de la fiscalía con base en el activismo de Vannesa Rosales por la despenalización del aborto.
Pero además la acusó por los delitos de aborto asistido a terceros sin consentimiento, asociación para delinquir y asociación ilícita.
El juez impidió que la mujer fuera juzgada en libertad en tanto que la pena imputada supera los 4 años, en un caso que sigue revelando información sobre el mundo de los abortos clandestinos en Venezuela.
Escándalo en organizaciones feministas
Un grupo de 165 organizaciones, tanto nacionales como internacionales y encabezadas por 100% Estrógeno, exigen que la defensora de derechos humanos Vannesa Rosales, reciba un trato justo y acorde con los dispuesto en las leyes venezolanas.
De acuerdo con los defensores, en el proceso penal se han incumplido importantes garantías judiciales previstas en la legislación nacional y en tratados internacionales
Según las organizaciones que acompañan a la docente, no se realizó la audiencia de flagrancia cuatro días después a su detención, superando las 36 horas que establece la ley, amparados en un diferimiento presentado por el Ministerio Público.
También se le niega el acceso a la acusación formal que hizo el Ministerio Público (MP), así como al expediente.
Sus defensores solo han podido verla en una oportunidad desde su detención.
Tampoco se ha resuelto una solicitud de medida cautelar sustitutiva de privación de libertad, ni se ha recibido respuesta formal sobre un amparo constitucional interpuesto el pasado 22 de diciembre.
El 17 de diciembre del 2020 los tribunales entraron en receso decembrino, deteniendo el correr de los lapsos procesales, quedando a tres (3) días de vencerse el período máximo de prórroga para la realización de la audiencia preliminar.
165 organizaciones abogan por la activista feminista
“Las autoridades judiciales están violentando el debido proceso y derecho de defensa, y con su accionar también incumplen la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, señala un comunicado firmado por 165 organizaciones.
El texto destaca que la adolescente a la que Vannesa Rosales ayudó se encuentra en condiciones sociales precarias.
Por lo tanto, indican, un embarazo a esa edad es un grave riesgo para su salud y su vida.
“Mientras que en muchos países la violación es una causal para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a una interrupción voluntaria del embarazo, en Venezuela se criminaliza a defensoras de derechos humanos, por dar un servicio de salud que debería ser brindado por el Estado”, aduce el comunicado.
Cargos fabricados
Según señala la acusación la profesora de 31 años esta detenida por tener en su haber una medicina de uso facultativo para generar abortos.
El MP dice que Vanessa Rosales, presuntamente cobró por el suministro de la pastilla después de asesorar a la adolescente.
Al momento de la detención el CICPC supuestamente incautó 600 pastillas de Cytotec.
En este sentido la organización Front Line Defenders, dedicada a la defensa de los derechos humanos, señaló que Rosales es sometida a hostigamiento judicial.
“Front Line Defenders está profundamente preocupada por el uso de cargos fabricados en contra de Vannesa Rosales como resultado de su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela”, señala la organización en su página web.
La ilegalización motiva los abortos clandestinos en Venezuela
En Venezuela la discusión sobre la despenalización del aborto es un tema que poco se toca en las altas esferas del Estado.
Actualmente, sólo está permitida esta práctica cuando corre riesgo la vida de la madre.
El Código Penal vigente castiga a los que practican el aborto con penas entre 6 meses y 2 años de prisión.
Pese a las múltiples recomendaciones hechas por organismos de derechos humanos como ONU-Mujeres y UNICEF, Venezuela no ha discutido esta situación.
El país caribeño sigue siendo parte del 25% del mundo que no han despenalizado ni flexibilizado la legislación sobre el aborto.
Si bien se han dado varios intentos por modificar esta penalización no se han logrado avances efectivos.
El violador permanece en libertad
Según las organizaciones feministas y defensoras de DDHH el sujeto que violó a la niña de 13 años permanece en libertad.
Las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre la captura del sujeto.
Sin embargo continúa activado el caso contra la maestra y activista Vanessa Rosales.
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