En las fotos se veían cinco cadáveres tendidos en el suelo, cada uno con una mano extendida, cerca de la cual había una pistola o una granada. El informe oficial indicaba que se trataba de guerrilleros que murieron en combate con las fuerzas de seguridad.
Pero las heridas que se apreciaban en las fotos no eran como las que se sufren en combate. Según expertos forenses comisionados por Human Rights Watch (HRW), existía evidencia de que tanto los cuerpos como las armas habían sido puestos. Los testimonios recogidos por HRW señalan que las víctimas fueron sacadas de sus casas con camisetas que les cubrían la cabeza, y que luego fueron subidas a camiones blindados.
“Querían mostrarle al presidente y a los mandos que habían matado guerrilleros. Pero la verdad es que no mataron a ningún guerrillero; fue a mi familia a la que sacaron de su casa”, le dijo a InSight Crime un familiar de las víctimas, quien no quiso que su nombre se revelara por temor a represalias.
Los asesinatos tenían todas las características de falsos positivos, como se les denomina en Colombia: civiles muertos vestidos con uniforme de guerrilleros marxistas. Entre 2002 y 2008, el ejército colombiano, presionado por mostrar resultados, asesinó a unos 6.400 civiles inocentes, a los cuales vistieron como guerrilleros con el fin de presentarlos como muertes en combate.
Pero este caso no ocurrió en Colombia, sino en Venezuela. Y no en el pasado, sino en el presente.
Las presuntas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en marzo de 2021 en el estado fronterizo de Apure. Se produjeron pocos días después de que el ejército venezolano lanzara grandes operaciones militares contra el Frente 10, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desmovilizadas, cuyas disidencias son conocidas como la ex-FARC Mafia. A medida que los combates se intensificaron, Apure siguió padeciendo los horrores de la guerra de guerrillas de Colombia: desplazamientos masivos, tiroteos y emboscadas, secuestro de soldados, minas antipersona y acusaciones de detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad.
Durante décadas, Venezuela ha reprochado a Colombia porque el conflicto civil del país llevó a que cientos de miles de colombianos desesperados se trasladaran al país vecino. Sin embargo, hoy en día, el flujo de criminalidad y desplazamiento se mueve en dirección contraria. La guerra en Colombia fue el producto de complejos factores sociales, políticos, económicos y criminales que se sucedieron durante varias generaciones; por su parte, el gobierno de Venezuela invitaba a las facciones beligerantes al país.
El presidente y las guerrillas
Durante décadas, tanto el conflicto armado como el crimen organizado de Colombia se han ido filtrando poco a poco a través de la frontera con Venezuela. Pero la invitación de ingreso a la guerrilla colombiana fue hecha por el expresidente Hugo Chávez, el fundador de la “Revolución Bolivariana”.
Hay evidencia de que las FARC se acercaron a Chávez como un posible aliado político después de que el entonces teniente coronel del ejército liderara un intento de golpe de Estado en 1992. Sin embargo, fue después de que llegó a la presidencia en 1999 que la relación comenzó en serio.
Las comunicaciones incautadas a las FARC indican que desde el año 2000 la guerrilla se comunicaba directamente con quien se convertiría en su principal interlocutor con el gobierno, Ramón Rodríguez Chacín, miembro del círculo cercano de Chávez que pasaría a ocupar el cargo de ministro del Interior y Justicia, entre otros roles.
“Reitero mi disposición a cooperar, lo que constituye, como he dicho, una obligación revolucionaria y una cuestión de afecto personal”, escribió Chacín a un comandante de las FARC en 2001.
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