No hay posibilidad real de reactivar el sector agropecuario o cualquier sector de la economía nacional mientras Venezuela siga siendo un gran centro comercial de franquicias criminales. Hay una cantidad de factores terroristas como el Hezbolá, grupos irregulares, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que tienen muchísimo poder en Venezuela y están ejerciendo un desarrollo económico lamentable. El mundo democrático, unido no puede permitir que esto se le salga de las manos y se convierta en una epidemia en Suramérica, acabando el mayor reducto de democracia que tiene el planeta junto a la Unión Europea y junto a Norteamérica». Con esas palabras, Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (INVELECAR), denunció que la mano de obra del campo venezolano se ha reducido en los últimos años, como consecuencia del incremento de la inseguridad que afecta las fincas del país.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
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Las declaraciones las hizo durante su participación en el foro «Propuestas de marco legal para la reactivación de la producción de alimentos», desarrollado por representantes del Plan País y Un Nuevo Tiempo (UNT). «En la zona fronteriza hay una penetración de estas bandas criminales, e incluso estos grupos armados se han convertido en los principales dueños de las fincas, extorsionan a los productores y los obligan a venderles las unidades de producción porque las están usando para pasar el ganado de contrabando de Venezuela a Colombia», agregó Fernando Camino, expresidente de Fedeagro.
Albornoz apuntó que aunque en Venezuela aún se contabilizan 130 mil hombres y mujeres que trabajan en la producción de alimentos del sector primario, la realidad es que las extorsiones, amenazas, robos de maquinarias, abigeatos, invasiones y secuestros, están haciendo mella en un sector agrícola ya muy deprimido por la hiperinflación que contabiliza 39 meses, por la falta de financiamiento crediticio, y por las carentes leyes que garanticen la inversión y la propiedad privada.
Las declaraciones las hizo durante su participación en el foro «Propuestas de marco legal para la reactivación de la producción de alimentos», desarrollado por representantes del Plan País y Un Nuevo Tiempo (UNT). «En la zona fronteriza hay una penetración de estas bandas criminales, e incluso estos grupos armados se han convertido en los principales dueños de las fincas, extorsionan a los productores y los obligan a venderles las unidades de producción porque las están usando para pasar el ganado de contrabando de Venezuela a Colombia», agregó Fernando Camino, expresidente de Fedeagro.
Albornoz apuntó que aunque en Venezuela aún se contabilizan 130 mil hombres y mujeres que trabajan en la producción de alimentos del sector primario, la realidad es que las extorsiones, amenazas, robos de maquinarias, abigeatos, invasiones y secuestros, están haciendo mella en un sector agrícola ya muy deprimido por la hiperinflación que contabiliza 39 meses, por la falta de financiamiento crediticio, y por las carentes leyes que garanticen la inversión y la propiedad privada.
Pidió a las democracias del mundo pronunciarse, porque sostiene que mientras está situación ocurre en Venezuela se dispara la migración de personas, que según reportes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ya suma más de cinco millones y medio de personas en movilización forzosa.
«Podemos transitar cualquier vía, pero la conducción de Venezuela no pasa por designar un nuevo CNE, como lo están haciendo hoy presentando postulaciones a candidatos, desconociendo el artículo 138 de la Constitución que señala que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, y el artículo 139 que señala que el ejercicio del poder político acarrea responsabilidades individuales por abuso o desviación de poder, o violación de estos. Es decir, que todo lo que no este enmarcado dentro de ese grupo de naciones que están apoyando al mundo democrático y a Juan Guaidó, realmente tiene poco futuro», mencionó.
Invasiones activas
Fernando Camino, expresidente de Fedeagro, indicó que desde finales del año 2020 en Venezuela se han registrado conatos de invasiones que afecta al agro venezolano. «Es frecuente en un país donde el Estado no brinda seguridad ni protección, en años electorales se promuevan las invasiones de fincas como proselitismo político».
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