El lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió en Brasilia al dictador venezolano Nicolás Maduro. Durante la conferencia conjunta que brindaron, el mandatario local, mirando a los ojos el líder chavista, dijo que los señalamientos de autoritarismo y antidemocracia en el país caribeño forman parte de una “narrativa construida”. Esto, pese a los innumerables informes de violaciones a los derechos humanos, torturas y presos políticos que reflejan la dramática situación que sigue viviendo el pueblo venezolano.
Informes elaborados por los más diversos organismos internacionales, como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros; y por organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos. Una de ellas es el Instituto Casla, con sede en Praga, cuya directora es la abogada y activista Tamara Suju, quien desde hace años denuncia -con contundentes pruebas y testimonios- las atrocidades cometidas por el régimen chavista. Entre sus múltiples investigaciones, elaboró un reporte con “los rostros de la tortura” en Venezuela.
Este informe fue publicado hace pocos años. Sin embargo, en las últimas horas usuarios de las redes sociales volvieron a compartir las denuncias del Instituto Casla en momentos en que el dictador Maduro busca, de a poco, reinsertarse en la comunidad internacional de la mano de líderes de la región.
Uno de los primeros en ser expuestos por el informe de la ONG, es el capitán Jonathan Becerra, alias Piraña, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las denuncias en su contra aseguran que “disfruta aplicando shock eléctricos en partes íntimas y viola con palos a los detenidos”. Su nombre aparece en el informe de la Misión de Investigación de la ONU, y fue señalado de criminal de lesa humanidad por el organismo.
Pese a estos señalamientos, Becerra fue convocado por la Fiscalía Militar a cargo de la capitana María Marcelina Martínez Salazar como testigo en uno de los juicios contra militares detenidos en la DGCIM.
Los otros dos que, según el Instituto Casla, se encargaban de ejecutar las torturas a los detenidos y secuestrados en los sótanos y calabozos del DGCIM, en Boleíta, Caracas, son el mayor José Sánchez Castro y el teniente coronel Néstor Blanco Hurtado.
La ONG indicó que Blanco Hurtado tortura a civiles y militares “con sus manos en las catacumbas” del DGCIM. Asimismo, es señalado de ser uno de los ejecutores del asesinato de Óscar Pérez. Este largo historial de torturas y vejaciones lo llevó a ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, después de extorsionar a un presunto narco que estaba detenido en el DGCIM, fue separado del cargo y aprehendido en Fuerte Tiuna.
Este grupo de torturadores operaba bajo la orden del coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, y de Iván Hernández Dala, director del DGCIM.
Otro de los señalados por el informe del Instituto Casla es el teniente Moisés Saúl Méndez Calderón, acusado ante la Corte Penal Internacional (CPI) “por ser uno de los sádicos que disfruta torturando y tratando de humillar a oficiales superiores esposados, golpeándolos si no hacen lo que él quiere”. Recientemente, participó de una emisión del programa “Con el mazo dando”, de Diosdado Cabello.
Néstor Blanco Hurtado, teniente coronel de la Guardia Nacional
El 20 de marzo de 2019, durante una conferencia en la Organización de Estados Americanos (OEA), el teniente Ronald Alirio Dugarte Silva, quien desertó de la DGCIM para denunciar las torturas que se aplican en el organismo, compartió su testimonio al mundo. En el marco de esa audiencia, se divulgaron videos que el ex teniente pudo grabar cuando se desempeñaba en las filas del DGCIM. Uno de ellos mostraba a Méndez Calderón visitando en su celda al preso político Juan Carlos Caguaripano Scott, quien reclamaba por las inhumanas condiciones en las que se encontraba. “Estoy orinando sangre”, denunció Caguaripano en ese entonces.
El capitán Jesús Gerardo Cárdenas, alias “Camaleón”, también integra la extensa lista de agentes venezolanos torturadores. También fue denunciado ante la CPI y es reconocido por sus víctimas como “sanguinario y cruel”.
Tamara Suju presentó este martes en Madrid el último informe del Instituto Casla, que fue enviado a la Corte Penal Internacional. Informe que advierte que los últimos esfuerzos del régimen de Maduro consistieron en hacer un “lavado de cara” ante la apertura de la investigación liderada por el fiscal de la CPI, Karim Khan. El texto de la ONG afirma que la dictadura chavista “limpió las paredes llenas de sangre de sus víctimas”.
No obstante, el reporte indica que las instalaciones militares, luego de algunas refacciones, volvieron a ser activadas “para torturar física y psicológicamente a los que están en ese lugar detenidos por persecución política, civiles y militares, mujeres y hombres”.
“Este informe está lleno de lágrimas y de dolor de víctimas que quieren tener justicia”, aseguró Suju durante la presentación en la capital española.
Nuevamente, el Instituto Casla detalla las técnicas de tortura empleadas por los agentes del régimen chavista. Entre ellas se destacan las psicológicas, como escuchar el dolor de otros presos que están siendo torturados; así como las físicas, con descargas eléctricas, golpes, desprendimientos de uñas, y prisioneros arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados.
“Sentí un terror terrible cuando me electrocutaban. Al ver que yo no hablaba, cambiaron los cables y los colocaron en mis dedos meñiques, y luego a los testículos (en ese momento yo me oriné, me defeque encima y ellos solo se reían y se burlaban de mí), fue una gran humillación y vejación esa situación”, relata uno de los testimonios incluidos en el informe.
“Mientras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúa recibiendo denuncias y haciendo su propia investigación interna de los crímenes de su competencia, al menos desde febrero del 2014 (…) el gobierno venezolano continúa afanosamente cometiendo los mismos crímenes y en el caso de la tortura aplicada a nuevos casos del 2022 y a los presos políticos que mantiene detenidos en los organismos de inteligencia, continúan utilizando sistemáticamente la tortura psicológica y la tortura blanca, además de renovar o remodelar celdas de torturas para castigar a los detenidos por motivos políticos, y mantener decenas de centros clandestinos donde las víctimas pasan los primeros momentos de su detención. La aplicación de esta clase de torturas en la DGCIM provocó al menos dos intentos de suicidios entre los detenidos, ataques de pánico y de ansiedad, depresión y angustia que se reflejan en la situación física y mental de quienes se encuentran enterrados en los 3 sótanos en Boleíta, Caracas, tal y como lo reflejamos en el contenido de este informe”, señala el texto.
Palabras que también comparte la cadena de mando de estas violaciones a los derechos humanos y torturas. De acuerdo a las decenas de testimonios de víctimas y testigos, los principales responsables son los altos jerarcas del régimen: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala y Tarek William Saab. Sin embargo, todos ellos, y otros tantos generales, comisarios y coroneles de las fuerzas de seguridad, están “protegidos” frente a las denuncias realizadas ante la CPI.
Mientras esto ocurre en la Venezuela de Maduro, presidentes de la región se sacan fotos y sonríen junto al dictador, hablan de una “narrativa construida” en el país caribeño y piden el levantamiento de las sanciones contra el régimen.
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