La pandemia y la crisis económica disparan los abortos clandestinos en Venezuela, según organizaciones promotoras de los derechos de la mujer. Solo en 2019, tuvieron lugar en el país un promedio de 15 por día, más de 2.200 en el año.
El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en Venezuela, según la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa). A pesar de que no hay cifras oficiales, en 2018, la organización hizo un estudio en 5 centros de salud del país y encontró que esta práctica estaba generando consecuencias en la salud de las mujeres.
«Por cada cuatro partos atendidos, se atendía un aborto. ¿Qué nos dicen los profesionales de la salud? Que muchos de estos abortos son inducidos. Quiere decir que el aborto es una realidad en Venezuela, porque, ante estas dificultades de poder controlar nuestra reproducción ocurren embarazos no deseados. Algunas continúan con el embarazo, pero otras recurren a abortos inseguros. Eso provoca muertes maternas», advierte Magdymar León, psicóloga clínica, con maestría en estudios de la mujer y coordinadora ejecutiva de Avesa.
En Venezuela, el aborto es ilegal, a excepción de cuando el embarazo representa un riesgo y se intenta salvar la vida de la madre, tal y como consta en el Código Penal, que establece prisión para el médico y la mujer que lo practiquen.
«He escuchado a muchas que han ido a lugares y se interrumpen el embarazo, como otras que han tomado remedios caseros. Tengo una amiga que estuvo grave, al borde de la muerte por practicarse un aborto”, cuenta a la Voz de América Mariángel Loreto, joven estudiante de 19 años.
Para evitar un embarazo no deseado, Mariángel se colocó un implante subdérmico, hace dos años, en una jornada gratuita de la zona de Caracas donde vive, pues ni con sus ingresos ni con los de sus padres podía comprar anticonceptivos. En el país, las píldoras cuestan 15 dólares y los implantes alrededor de 12 dólares. De acuerdo con Avesa, solo un 30 por ciento de las mujeres tiene capacidad económica para pagar por ellos.
«Mi sueldo no da una base para comprar un método anticonceptivo», explica.
En el mismo programa local donde Mariángel fue atendida, otras 65 mujeres recibieron implantes subdérmicos o dispositivos intrauterinos, pero las solicitudes se multiplicaban.
«Empezó como una especie de ola en nuestras comunidades, en nuestros centro de salud a preguntar cuándo podíamos desarrollar otra jornada», detalló Eduardo Rengifo, director de Gestión Social del Municipio El Hatillo.
Al funcionario le sorprendió el número de solicitudes de jóvenes menores de 21 años.
«Nosotros hemos tenido experiencias donde llegan las madres de niñas de 14 años que sospechan que tienen novios y que no quieren que se repita su experiencia. No quieren que su hija pase por lo que ella vivió», acota Rengifo.
Sin embargo, a juicio de Avesa, los recursos son insuficientes para atender el problema.
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