Los adultos mayores que deciden migrar de Venezuela conforman «una población invisibilizada” en sus países de acogida, pues enfrentan obstáculos diferentes, según un informe publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), de Caracas.
Los hallazgos de la investigación, denominada ‘Recomenzar lejos de casa. La migración forzada de personas mayores venezolanas’, señalan que esta población “constituye el grupo más pequeño de los más de 7,3 millones que han migrado, además, es una población invisibilizada incluso por las estadísticas oficiales de los Estados de acogida… lo cual constituye una primera barrera para el diseño y ejecución de políticas públicas específicas para este sector de la población en los países receptores”.
A esto se suma las precarias condiciones en las que llegan o la dificultad que tienen para adaptarse a su entorno que, incluso, les impide incursionar a un mercado laboral.
Muchas personas mayores, “llegan a los países receptores en condiciones muy precarias, con desnutrición, enfermedades no tratadas y necesidad de atención para enfermedades de alto costo”, añade el texto.
Y aquellos que trabajan en el sector informal de la economía, como la mayoría de migrantes, no tienen acceso a un sistema de seguridad social ni de salud. “La situación es más dramática para quienes salieron de Venezuela como jubilados y pensionados antes de 2016, y a quienes se suspendió de forma abrupta el pago respectivo, dejándolos en condiciones de extrema precariedad económica”, resalta el informe.
Aunque algunos salen en busca de la compañía de sus hijos o nietos, asumen el papel de cuidadores sin que su trabajo sea remunerado.
La salud emocional es otro factor de la precaria situación de esta población: “Un elemento que golpea de manera específica a las personas mayores en el plano emocional es el hecho de tener que comenzar de nuevo cuando les correspondía empezar a disfrutar del retiro y el descanso. Más aún cuando ese nuevo comienzo se produce en un entorno diferente, donde no se conocen las normas ni las dinámicas sociales”, establece el informe.
Salida sin oportunidades
El reporte, elaborado por los investigadores Ligia Bolívar y Carlos Rodríguez, indica que el perfil de los mayores que salen de Venezuela es variado e incluye profesionales, también hay extranjeros que buscan mejor oportunidad en su país de origen o los venezolanos que optan por salir de manera definitiva.
Un mujer adulta mayor venezolana, que reside en Uruguay, dijo a los entrevistadores que salió de su país en el 2017, debido a su hijo había migrado y para buscar mejores oportunidades: “La situación en Venezuela estaba muy difícil para conseguir alimentos, para conseguir lo básico para vivir, y yo comencé un tratamiento de hipertensión el cual necesitaba una serie de medicaciones el cual comenzaron a ser difícil de conseguir. Entonces, mi hijo, el mayor, que se había venido a Uruguay comenzó a hablar con mi hija para salir del país”.
Es así como la crítica situación de Venezuela propició la huída de estas personas. El informe enfatiza en que las 3.500.0000 personas mayores que hay en Venezuela no tienen garantías ni cuentan con los medios adecuados para sobrevivir en esta etapa de la vida, puesto que actualmente no existen políticas públicas específicas y, por eso, deciden salir.
Incluso, señala que, desde el 2015, el Estado venezolano dejó de pagar la pensión a más de 12.500 pensionados y jubilados que residen en el extranjero.
“Yo estaba ya jubilada y pensionada del Ministerio de Educación desde el año 2014 que fue cuando me pagaron las prestaciones. Me jubilaron en el 2007 y en el 2014 fue cuando el Ministerio de Educación me pagó las prestaciones que se volvieron sal y agua después. En ese momento eran 90.000 bolívares, en esa época, no llegaba ni para comprarte algo que necesitaras para el hogar”, dijo la venezolana, que reside en Uruguay, a los investigadores.
Según la organización de derechos humanos Provea, en su informe sobre “Derecho a la seguridad social”, “desde el 2015, el Estado venezolano dejó de pagar la pensión, sin explicación alguna, a más de 12.500 pensionados y jubilados que residen en el extranjero.
“Más allá del incumplimiento de la norma, esta situación ha dejado sin independencia económica a los adultos mayores que están en el exterior, excluyéndolos socialmente y arrojándolos a la pobreza, repercutiendo negativamente en su salud tanto física como mental”, señala el informe.
En el exterior
Los investigadores también documentaron cuántas personas mayores que salieron de Venezuela están radicadas en otros países. Los hallazgos muestran que para 2022, el 2,5 % que están en Perú eran hombres y mujeres con más de 60 años; en Chile -y según cifras oficiales de ese país- en 2019 se contaron 15.175 persona mayores migrantes venezolanas.
En el caso de Colombia, según el pre registro para ingresar al Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, 71.492 personas son persona mayores de 60 años, lo que constituye el 2,9 % del total de personas registradas en este mecanismo.
En España, desde 2014 hasta 2019, unas 29.364 personas mayores venezolanas estaban residenciadas en este país, a las que se sumaron 61.055 españoles mayores de 65 años que retornaron a esa nación.
Una mayor atención
Los investigadores del CDH-Ucab instaron al gobierno de Venezuela a recuperar el sistema de pensiones y jubilaciones, y a extenderlo a aquellos que migraron, y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con esta población. Así como implementar una política nacional que proteja a las personas mayores.
En cuanto a los países receptores, instaron a recopilar más información de las personas mayores migrantes y desarrollar políticas públicas diferenciadas para ellos, además de realizar jornadas especiales de regularización y registro en el sistema de seguridad social.
La investigación recoge material documental y testimonios de adultos mayores migrantes, en diferentes países, asociaciones de jubilados y pensionados y de organizaciones que atienden esta población.
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