La contienda electoral del pasado seis de diciembre fue la culminación de un largo proceso por parte del gobierno de Nicolás Maduro para anular a la AN de mayoría opositora que el pueblo escogió en 2015. Fueron cinco años de un choque entre poderes que quedó sentenciado cuando la oposición decidió no participar en la contienda electoral por la falta de condiciones para una elección justa.
El año 2020 llega a su final con un hecho que la oposición parece desestimar pero que tendrá consecuencias muy graves para el país. El chavismo, a través de las elecciones parlamentarias del pasado seis de diciembre, recuperó el control de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), en un evento comicial al que la oposición mayoritaria no acudió y que viene a cerrar el capítulo del enfrentamiento entre poderes que se inició cinco años antes.
En 2015, cuando la crisis económica comenzó a golpear fuertemente a la población, que debía hacer largas colas para hacer sus compras cotidianas en los días asignados por número de cédula debido a la escasez de productos generada por la falta de liquidez del Estado (caída en las reservas internacionales), el desplome del aparato productivo por el cierre de numerosas industrias a consecuencia de las constantes importaciones con dólares baratos (Cadivi) y el comienzo de la caída en los precios del petróleo, las encuestas comenzaron a reflejar la merma en el respaldo al chavismo y a apuntar a una derrota electoral del movimiento impulsado por Hugo Chávez en los comicios parlamentarios pautados para diciembre de ese año.
Al hacerse inminente el triunfo de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la contienda electoral, diversos analistas políticos comenzaron a vaticinar que se produciría un “choque entre poderes”, entre el Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, y el Legislativo, que pasaría a dominar la oposición.
Boicot a la AN de mayoría opositora
Una vez consumada la victoria opositora, logrando 112 diputados (lo que le confería una mayoría calificada que le permitía nombrar rectores del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y miembros del Consejo Moral Republicano (Contralor y Fiscal General de la República), el gobierno comenzó a desarrollar su estrategia de conculcar la voluntad de la población y desactivar de hecho a la Asamblea Nacional.
Así, antes de culminar ese 2015, y en unas sesiones que contravinieron el Reglamento Interior y de Debates de la AN (que establece que las sesiones deben ser convocadas con 24 horas de antelación como mínimo) haciendo hasta dos sesiones en un solo día, el PSUV y sus aliados designaron nuevos magistrados del TSJ (para suplir unas solicitudes de jubilación que aún no tocaban), principalmente de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país.
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